Características técnicas del contrato
El contrato, cuya duración inicial será de un año con la posibilidad de cuatro prórrogas anuales, no ha revelado su monto económico. La plataforma debe ser capaz de almacenar, procesar y analizar al menos diez terabytes de información, soportar a miles de usuarios y permitir que, como mínimo, 500 agentes trabajen simultáneamente desde oficinas en Estados Unidos y en el extranjero.
Entre los datos que la herramienta podrá manejar se incluyen señales GPS, registros de localización telefónica y “descargas de torres celulares”, que identifican los dispositivos conectados a una antena en un período determinado. Este tipo de datos puede involucrar teléfonos de personas que no son objeto directo de una investigación, lo que ha generado preocupación sobre la amplitud de la vigilancia.
Integración de redes sociales y asistencia de IA generativa
La solución también incorporará información proveniente de servicios como Google, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp y X. Con estas fuentes, los agentes podrán representar ubicaciones en mapas, establecer alertas geográficas y seguir los movimientos de los dispositivos a lo largo del tiempo.
Un componente clave será un asistente de IA generativa, alimentado por cuentas de Microsoft Azure que ICE y su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) pondrán a disposición. Los agentes podrán formular preguntas en lenguaje natural para localizar información, resumir registros y establecer conexiones entre distintos elementos de una investigación, generando cronologías, tablas, gráficos y mapas de forma automatizada.
Controles, limitaciones y controversias
El contrato establece estrictas limitaciones: las consultas de los agentes y los datos obtenidos no podrán usarse para entrenar modelos externos comerciales o públicos, y todas las interacciones con el asistente deberán registrarse para permitir auditorías. Además, el sistema deberá conectarse a una plataforma nacional que detecte si diferentes agencias investigan el mismo número telefónico o cuenta.
El proyecto ha reavivado el debate sobre la compra de datos de ubicación comercial por parte de agencias federales. En marzo, 72 legisladores, entre ellos el senador demócrata Ron Wyden y el representante Adriano Espaillat, solicitaron una investigación del Inspector General para determinar si el ICE y otras dependencias adquirieron datos de localización de ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial previa. Los críticos señalan que la información de ubicación es extremadamente sensible, pues puede revelar religión, opiniones políticas, estado de salud, adicciones y relaciones personales.
Implicaciones para inmigrantes y derechos civiles
Para la comunidad inmigrante, la capacidad de rastrear comunicaciones y ubicaciones mediante IA plantea riesgos de vigilancia intensiva y posibles violaciones de privacidad. Organizaciones como la ACLU advierten que la combinación de múltiples fuentes de datos puede ampliar la capacidad de control gubernamental sobre la población, sin garantías claras de supervisión independiente.
Es fundamental que los inmigrantes y sus defensores estén informados sobre estas tecnologías y exijan transparencia y protección de derechos constitucionales. La vigilancia masiva basada en datos de teléfonos y redes sociales puede afectar procesos de asilo, deportación y otras áreas críticas del derecho migratorio, por lo que la vigilancia judicial y la participación ciudadana serán esenciales para equilibrar la seguridad nacional con los derechos humanos.