El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cargó contra el derecho de “ciudadanía por nacimiento” que discute en este momento la Corte Suprema de Estados Unidos y respaldó la pretensión de Donald Trump de eliminarlo.
Durante una conferencia de prensa en The Villages, DeSantis cuestionó la interpretación legal que en la actualidad otorga la ciudadanía a las personas que hayan nacido en suelo estadounidense. Según dijo, esto “abarata el proceso” para los migrantes que buscan la nacionalidad.
“No creo que los legisladores de la era de la Reconstrucción buscaran que una persona extranjera visite el país, tenga un hijo, regrese a su nación y que ese niño se convierta en ciudadano estadounidense”.
Según el gobernador, convertir este derecho en algo similar a un acto de “turismo” daña la integridad del sistema republicano de gobierno. “Eso le quita valor al proceso cuando se convierte en una actividad turística”, dijo.
Las declaraciones fueron emitidas por el mandatario mientras la Corte Suprema trata la orden ejecutiva que firmó el presidente Trump para eliminar este derecho. Esa regla fue suspendida por la justicia y ahora llegó al máximo tribunal. El propio Trump fue a la audiencia (aunque solo estuvo 13 minutos).
En The Village, mientras DeSantis defendía su proyecto de ley de “Save act”, para probar la ciudadanía estadounidense al momento de votar, De Santis agregó: “¿Es algo positivo para el país? No considero que sea una manera adecuada de gestionar un sistema republicano exitoso”, dijo.
El núcleo del conflicto legal se remite a la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras el fin de la Guerra Civil. Aquel documento estableció el principio jurídico de ius soli o “derecho de suelo”, que garantiza la ciudadanía a quienes nacen bajo la jurisdicción de la nación.
El objetivo original de esta enmienda fue asegurar la plena integración de los antiguos esclavos y sus descendientes en la vida civil del país.
Actualmente, el máximo tribunal debe decidir si la intención de los redactores originales permite una aplicación tan amplia como la que rige hoy o si el Poder Ejecutivo posee la autoridad necesaria para realizar cambios estructurales mediante decretos. El fallo final marcará un antes y un después en la política migratoria de los Estados Unidos.