John J. McConnell Jr, un juez federal de Rhode Island, anuló medidas específicas presentadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que pausaban los trámites de asilo. El letrado calificó dichas políticas como “arbitrarias y caprichosas”. Ante este fallo, muchos trámites que habían sido pausados, deberán reactivarse.
El juez anunció la medida mediante una resolución de más de 135 páginas. Allí, anuló cuatro disposiciones implementadas por la agencia federal:
“Hace más de seis meses, el Uscis estableció una serie de políticas que afectaban la vida de millones de migrantes que viven en EE.UU. bajo un limbo migratorio”, citó el escrito. “Desde ese momento, las personas afectadas tienen prohibido recibir decisiones finales sobre sus casos de asilo, permisos de trabajo y green card”.
McConnell Jr declaró que estas normativas eran ”contrarias a la ley» y “caprichosas”. Por tanto, enfatizó que la agencia tenía la obligación legal de adjudicar las solicitudes y que no contaba con discreción para dejar de procesarlas de manera indefinida.
“Los miembros han seguido los procesos legales que el Congreso promulgó por ley para obtener beneficios migratorios”, señaló el magistrado.
Luego agregó: “Han presentado la documentación que corresponde, pagado las tasas requeridas y se han sometido a la toma de datos biométricos solicitada», señaló.
James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), culpó a la “izquierda” del fallo jurídico y remarcó que se tendía a evaluar las políticas de la administración Trump bajo ciertos lineamientos.
“La administración es racista, por lo tanto, una política que no me gusta está motivada por la raza y es inválida. Esto lo han utilizado en todas las políticas del DHS durante la era Trump”, señaló en un comunicado publicado por The New York Times.
Por el contrario, organizaciones sin fines de lucro como Democracy Forward, celebró la medida. “El gobierno federal no puede cerrar las vías de inmigración legales ni discriminar a las personas por su origen», señaló Skye Perryman, presidenta de la asociación.