Venezuela, Groenlandia, la República Democrática del Congo, Indonesia y muchos más países repartidos en tres continentes tienen un rol común en el nuevo tablero geopolítico mundial. Todos ellos forman parte delárea de influencia directa que EEUU quiere construir, bien para reforzar su seguridad interna, bien para ganar la carrera a China en el dominio de los recursos naturales clave para la economía del siglo XXI o —en varios de los territorios mencionados— por ambos motivos a la vez. Washington, y también Pekín, diseñan un nuevo escenario global en el que quedan, definitivamente en segundo plano, valores como el respeto a la soberanía nacional de los países, el multilateralismo e incluso el uso de la fuerza solo como último recurso.
Con respecto al primer objetivo de la Administración Trump, la seguridad interna, desempeñan un papel clave las rutas marítimas ya en uso u operativas en el medio-largo plazo. De ahí la importancia que ha cobrado, en los planes de la Casa Blanca, el control directo de Venezuela, Panamá o Groenlandia. «Puede sorprender que en la era de internet, de los drones y de los ciberataques, Washington le dé tanta importancia a la supervisión directa de los tres océanos que bañan sus costas», explican a elEconomista.es desde EEUU fuentes de American Global Strategies, en referencia al Atlántico, el Pacífico y el Ártico. «Sin embargo, Trump es el presidente que, desde Theodore Roosevelt y William McKinley, mejor ha comprendido la relevancia económica y de seguridad del control de la navegación a escala global», comentan.
Se explican así fenómenos como que la Administración del líder republicano se muestre tan sensible al agujero negro que el régimen chavista creó en torno a sus costas, infestadas de buques cisterna que almacenan crudo de forma ilegal, y de buques rusos, chinos o iraníes que crearon un mercado negro flotante de petróleo. A todo ello se suma la importancia de los puertos de esta zona, incluyendo también los colombianos, en las rutas de la cocaína desde América del Sur hacia EEUU.
En este contexto debe situarse también, según la consultora norteamericana citada, la necesidad de ejercer un mayor control sobre la vía más rápida para comunicar los océanos Atlántico y Pacífico, el Canal de Panamá, y las ansias expansionistas que Washington vuelve a mostrar hacia este último país.
La libre navegación, e incluso el atraque, de buques chinos y rusos en sus costas, resurge en los reproches que Trump lanza contra Groenlandia, una acusación negada por el Gobierno danés. Ahora bien, el interés estadounidense por el protectorado del país escandinavo ofrece otro ejemplo perfecto de la confluencia, en una misma área, de las preocupaciones de Washington por su seguridad interna y por disputar la carrera hacia el pleno control de recursos económicos clave.
El Ártico será en poco tiempo navegable durante todas las estaciones del año, ya que el incremento de temperaturas es allí «cuatro veces superior al promedio global», según un reciente informe de los servicios de inteligencia estadounidenses. Y se sitúa a medio camino entre las costas de Alaska y las dos principales ciudades rusas, Moscú y San Petersburgo. Pero, además, en las orillas de este océano se encuentran algunas de las reservas de tierras raras más importantes del mundo, que el deshielo hará por primera vez accesibles, en una zona donde ya se disputan territorios y rutas de comunicación Canadá, Dinamarca, Noruega, Rusia y, por supuesto, EEUU y China.
Esta es solo una de las múltiples áreas en las que los intereses económicos de Washington y Pekín colisionan a escala global. Otro de los más destacados es, precisamente, Venezuela, y no todo se reduce al control de las reservas petrolíferas de este país. Con la caída del régimen de Maduro, Trump pone en serias dificultades los miles de millones en créditos y en inversiones, desde infraestructuras hasta tecnología de seguimiento de satélites, que Pekín tiene ubicados sobre suelo venezolano.
Pero la beligerancia abierta de Washington a la hora de quitar terreno, a escala global, a las inversiones del gigante asiático no comenzó la semana pasada. Muy al contrario, responde a un programa estratégico con siete años de recorrido, el cual pivota sobre la agencia federal llamada US International Development Finance Corporation. La DFC, según sus siglas en inglés, fue creada por el propio Trump en 2019 y en su propia página de Internet deja clara su razón de ser: «contrapesar la presencia de China en regiones estratégicas».
La Corporación moviliza cerca de 49.000 millones de inversiones a escala global. Por razones de seguridad, no es fácil acceder a un desglose completo de los proyectos que ya tiene desplegados la DFC. No obstante, los analistas consultados en Washington y Bruselas aseguran que más de la mitad de esa cifra se focalizaría en América Latina y África, no por casualidad las dos áreas, fuera de Asia-Pacífico, donde las empresas chinas han potenciado su expansión en las últimas décadas.
En lo que al subcontinente americano se refiere, los recuentos más recientes sitúan la actividad de la DFC muy concentrada en México, Ecuador, Colombia y Brasil, países todos ellos en los que el número de sus proyectos activos de inversión o financiación -relacionados con infraestructuras, extracción de minerales o energía-.
Los objetivos de este organismo en la región, y de la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU reformulada en 2025, convergen de nuevo en el mismo punto a juicio de Carlos Malamud. El investigador principal sobre América Latina del Real Instituto Elcano señala que Trump está aplicando su propio corolario sobre «la antigua doctrina Monroe de la forma más paternalista, con el gran objetivo regional de frenar la presencia china y de cualquier competidor extrahemisférico (en concreto Rusia o Irán)». En otras palabras, «a todos ellos se les niega la posibilidad de poseer o controlar activos estratégicos latinoamericanos, reservados para EEUU», de acuerdo con la mencionada doctrina Monroe adaptada al siglo XXI.
Pero el camino que Washington tiene que recorrer para igualar a China en este ámbito se revela ímprobo, sobre todo, considerando la amplia ventaja que Pekín ha obtenido, no solo por sus propias reservas naturales o su capacidad de refino de tierras raras procedentes de otros territorios —el 90% de esta operativa a escala mundial tiene su base en territorio chino—. También juega a favor del país presidido por Xi Jinping su rol pionero a la hora de tomar posiciones en un continente tan estratégico como es África.
Tras décadas de operaciones en la amplia franja de terreno que discurre desde la frontera meridional de la región del Sahel hasta Sudáfrica, Pekín y sus organismos inversores tienen en su poder múltiples acuerdos en vigor con Gobiernos, y acceso a amplios programas de subvenciones públicas. No se trata de un simple respaldo burocrático, sino de todo un colchón financiero «que permite a empresas e inversores asiáticos tener una enorme tolerancia a los riesgos, siempre presentes, que se derivan de la inestabilidad de la zona, o a las turbulencias en las cotizaciones de estas commodities. Es una red de seguridad inalcanzable para otros inversores extranjeros», de acuerdo con un reciente informe del African Center for Strategic Studies.
Estados Unidos también se encuentra en esa situación de desventaja y es por ello que la Casa Blanca centra en África gran parte de sus esfuerzos exigidos por su Estrategia de Seguridad Nacional, sin escatimar recursos diplomáticos.
Un ejemplo lo ofrecen las negociaciones entre la Secretaría de Estado y el Gobierno de la República Democrática del Congreso, en virtud del cual Washington ofrece ayuda a este último Ejecutivo en su afán de lograr un acuerdo de paz con Ruanda, a cambio de un acceso preferencial de las empresas estadounidenses a los yacimientos de cobre, cobalto -estos últimos los más grandes del mundo- y litio del país congoleño.
A primera vista, el resultado de la negociación es un juego de ganancia segura para ambas partes pero, de nuevo desde el Real Instituto Elcano, la investigadora y experta en la estrategia de seguridad estadounidense Marta Driessen, insta al menos a las autoridades congoleñas a ser cautas. La Administración Trump «pone el foco en la prevención y mediación de conflictos, aunque una observación recurrente es que estos acuerdos están a menudo desligados de la realidad y no priorizan la paz durable, sino simplemente la estabilización de zonas estratégicas para EEUU, como precisamente la República Democrática del Congo, por los yacimientos minerales» que su subsuelo cobija.
El Continente Negro ofrece también ejemplos en el sentido contrario, orientados hacia una negativa a la cooperación con países extranjeros. Los Gobiernos buscan, de este modo, medios para hacer valer su soberanía nacional y promulgan disposiciones que prohíben la exportación en bruto de sus riquezas, y exigen que las tareas de refino se lleven a cabo en el territorio de origen a cargo de actores del propio país de origen. En el caso africano, Zimbabwe y Namibia han optado recientemente por esta vía.
Se trata de una estrategia ya ensayada en la década de los 80 y los 90 en Latinoamérica con escaso éxito. No en vano su aplicación en economías en desarrollo pone a prueba sus infraestructuras y estas se acaban revelando como incapaces de manejar los niveles de producción que los mercados internacionales les exigen. Pero, además, como se ha demostrado en lo que a Venezuela concierne, las nuevas superpotencias globales no están dispuestas a renunciar con facilidad a las ventajas que este intervencionismo económico les reporta, en clave puramente doméstica.
En el caso de Estados Unidos se han publicado ya informes en los que se pone en duda el efecto benéfico del acceso sin restricciones al petróleo venezolano, en la medida en que el penoso estado de sus instalaciones petrolíferas exigirá cuantiosas inversiones, y el recorte en los precios de los combustibles podría ser más reducido de lo que a primera vista parece.
Ahora bien, la situación admite matices. Trump estaría también en condiciones de dar una alegría a la industria nacional de refino de su país tal y como informaba recientemente The Wall Street Journal. Las instalaciones destinadas a la limpieza del crudo situadas en suelo estadounidense, paradójicamente, están más preparadas para trabajar sobre el crudo venezolano, caracterizado por su alta densidad, y son menos eficientes cuando reciben su suministro de los pozos que Estados Unidos tiene activos en su propio territorio.
Esta situación se debe a que el petróleo estadounidense es más ligero y no se explotaba tan intensamente en las décadas pasadas en las que esas refinerías entraron en funcionamiento, cuando el suministro petrolífero para la primera potencia del mundo provenía principalmente de otros países, en especial, Canadá, México y de la Venezuela previa al régimen chavista.
Es más, por pequeño que sea el descenso del precio de los combustibles en Estados Unidos, es indudable que contribuirá a ahondar la senda a la baja que, desde finales de 2025, muestra la inflación en ese país, lo que posibilita más reducciones de los tipos de interés y un mayor impulso para el PIB de la primera potencia global. Se trata de un efecto benéfico que Trump no dejaría escapar en ninguna circunstancia, pero aún menos cuando está a punto de cumplir el primer año de su segundo mandato y afronta, en el ejercicio 2026, las elecciones para renovar una parte de las Cámaras legislativas.