El Gobierno emprende una regularización masiva de inmigrantes y lo hace utilizando la fórmula del real decreto. Una herramienta que le permite esquivar al Parlamento y que plantea una pregunta legítima: ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? o, en sentido contrario, … y más procedente: ¿Por qué se hace ahora? La conjunción de intereses detrás de la medida que afectará a más de medio millón de extranjeros que residan en nuestro país a 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar una serie de requisitos se ha instrumentalizado políticamente.
Hace unos meses que, tal como publicara este diario, Pedro Sánchez dio orden a sus ministros de plantearle una batería de políticas con alto impacto electoral y que no tuvieran que someterse a una mayoría parlamentaria en descomposición. Esta, es una de ellas. El Gobierno no necesita a Podemos para nada, pero ha querido vestir el impulso a la regularización masiva de inmigrantes como un acuerdo con los morados, que llevaban —los dos años que la medida ha estado guardada en el cajón— presionando para que se aprobara.
Y, más importante, el partido que dirige Ione Belarra había condicionado su apoyo a la delegación de competencias en inmigración a Cataluña a que esta cuestión se desbloqueara con carácter previo. Con una interlocución muy limitada con Junts, aunque bajo el radar se mantiene el hilo de comunicación, en Moncloa envían ahora a los portavoces de Podemos como emisarios para recuperar el último peaje pendiente a los independentistas. La cuadratura del círculo.
El Gobierno se está deshaciendo en gestos con sus socios desde que arrancó el año. Al guiño a Podemos del lunes se suma la foto con Oriol Junqueras para rubricar la reforma de la financiación autonómica o la reunión que este martes se produjo también en La Moncloa con el lendakari Imanol Pradales en la que le arrancó al presidente el compromiso de cerrar antes de Semana Santa la cogestión de los aeropuertos y más competencias migratorias y para la expulsión.
Sánchez ha emprendido una indisimulada apuesta por recomponer la mayoría de la investidura y en las próximas semanas se buscará atraer Junts recuperando la delegación de competencias en inmigración o el debate sobre la ley de multirreincidencia en el primer pleno disponible, el del 12 de febrero. Mientras, la realidad parlamentaria sigue siendo tozuda y este martes el Gobierno registró una dolorosa derrota, la primera del 2026, al ver derogado el quinto real decreto de la legislatura, el que contenía la revalorización de las pensiones.
Sin embargo, en Moncloa siguen desplegando sus planes. La regularización masiva de inmigrantes obedece a un objetivo superior al de querer encajar de nuevo el puzle de la mayoría de la investidura. El movimiento tiene más aristas. Por un lado, cambiar el eje del discurso. Hacerlo virar desde las polémicas, ya sea el horizonte judicial de las causas que acechan al Gobierno y al PSOE o las derivadas del accidente mortal de Adamuz.
Sánchez busca centrar el debate en la política y, además, seguir erigiéndose en «faro moral» de la socialdemocracia. En un contexto de deportaciones masivas en EE.UU., con la policía migratoria de Donald Trump sembrando el caos en Mineápolis, o con algunos gobiernos europeos, incluidos los de corte progresista, endureciendo sus políticas contra la inmigración, en España avanzan en el sentido contrario, dando soporte legal a más de medio millón de extranjeros. El presidente alimenta así su antagonismo a Trump, un perfil que lleva meses explotando.
En este punto, y por la asimilación que se hace del presidente de Estados Unidos con formaciones como Vox a nivel nacional, el Ejecutivo ha encontrado en la causa migratoria la mejor palanca, en plena campaña en Aragón, para volver a aislar al PP con la ultraderecha de Santiago Abascal. El principal partido de la oposición votó a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de idéntico contenido en 2024 y defendió públicamente que había «que dar una salida» a quienes ya viven y trabajan en España sin los permisos en regla.
En este punto, los populares se han visto ahora obligados a endurecer su discurso en competencia con Vox, atacando al Gobierno por «desbordar nuestros servicios públicos» y vinculando su acuerdo con Podemos con un intento de desviar la atención del accidente de Adamuz. El PP se sitúa en un equilibrio imposible entre la Iglesia católica —que ha bendecido la medida, porque «se reconoce así» la dignidad de estos migrantes— y la relación con sus aliados a la derecha, que han hecho de esta cuestión uno de los ejes de su discurso.
En el PSOE han querido dejar en evidencia el cambio de posicionamiento de Feijóo respecto a 2024 y azuzan un debate que hace volar las expectativas de la ultraderecha. Lo hacen conscientes de que el crecimiento de Vox se produce a costa de los populares y esto puede aumentar su dependencia en las comunidades que tienen que medirse en las urnas en los próximos meses, pero obviando que ya existe también una corriente de voto —de momento, residual— que le hurta también a los socialistas.