A pocas horas de la entrada en vigor una norma migratoria en Texas, un juez federal dejó en suspenso partes fundamentales de la estrategia impulsada por el gobernador Greg Abbott. La decisión judicial bloqueó disposiciones centrales de la ley SB4, una iniciativa que buscaba ampliar el poder de las autoridades estatales y locales para detener y expulsar inmigrantes.
La resolución fue emitida por el juez federal David A. Ezra, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, apenas un día antes de que la legislación comenzara a aplicarse. El magistrado consideró que varias partes de la norma representan una invasión de competencias reservadas exclusivamente al gobierno federal y advirtió sobre las consecuencias de permitir que cada estado cree sus propias reglas migratorias.
Según informó la American Civil Liberties Union (ACLU) de Texas en un comunicado oficial, el tribunal concedió una medida cautelar preliminar y certificó provisionalmente una demanda colectiva contra cuatro disposiciones fundamentales de la SB4, aprobada originalmente en 2023.
El fallo dejó en pie, al menos por ahora, la disposición vinculada al ingreso irregular desde México hacia Texas, que comenzó a regir este 15 de mayo. Sin embargo, el propio juez sugirió que esa parte de la ley enfrenta cuestionamientos constitucionales similares al resto de la normativa.
El conflicto en torno a la SB4 todavía podría estar lejos de terminar. Sectores republicanos de Texas consideran que este caso podría convertirse en la oportunidad de que la Corte Suprema reevalúe un precedente histórico de 2012 relacionado con la autoridad de los estados sobre inmigración, indicó Houston Chronicle.
En aquel fallo, el máximo tribunal anuló partes de una ley de Arizona que permitía arrestar personas sospechadas de estar ilegalmente en el país norteamericano. La Corte sostuvo entonces que el control migratorio corresponde principalmente al gobierno federal.
Pese a las expectativas de Texas, el juez Ezra dejó en claro que no cree que el máximo tribunal termine por respaldar completamente la SB4. En su resolución, afirmó que la ley invade intereses federales dominantes, especialmente en materia de deportación de extranjeros, y entra en conflicto directo con normas migratorias nacionales.
La ley SB4 representaba un cambio profundo en el rol de Texas dentro del control migratorio. Según detalló el Houston Chronicle, la normativa convertía en delito estatal el ingreso desde México sin autorización y habilitaba a cualquier oficial policial del estado a detener personas sospechadas de haber cruzado ilegalmente la frontera.
También otorgaba a jueces estatales la capacidad de ordenar expulsiones, una atribución históricamente reservada a tribunales y autoridades federales de inmigración. Aunque la orden judicial bloqueó las partes más agresivas del sistema, todavía permitiría a ciertas fuerzas estatales realizar arrestos vinculados a ingresos irregulares. Esa posibilidad generó preocupación entre activistas y expertos en seguridad pública.
Charley Wilkison, exdirigente del sindicato policial más grande de Texas, advirtió a Houston Chronicle que la entrada parcial en vigor de la ley podría incentivar a algunos agentes a endurecer acciones contra inmigrantes. “Si alguien estuvo esperando esta oportunidad, ahora podría sentir que tiene licencia para actuar”, afirmó.