S�nchez regularizar� medio mill�n de inmigrantes mientras Bruselas refuerza los controles en frontera.
En paralelo a la regularizaci�n masiva y acelerada de inmigrantes ilegales reci�n puesta en marcha por el Gobierno de PSOE y Sumar, las autoridades comunitarias han perfilado el endurecimiento de la pol�tica migratoria de la Uni�n Europea. Bruselas da cumplimiento as� al mandato de los ministros de Interior de los Veintisiete, que pactaron el pasado mes de diciembre, a propuesta de Dinamarca y con la �nica oposici�n de Espa�a, agilizar los procedimientos para devolver a los irregulares a pa�ses de fuera del continente.
La nueva estrategia tiene como principal objetivo frenar las llegadas por v�as ilegales y acabar con el negocio de las mafias que trafican con personas, pero sin cerrar las fronteras de manera radical, como pretende hacer Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, son gobiernos socialdem�cratas los que han impulsado el cambio de enfoque del marco legal comunitario para tratar de contener el ascenso electoral de los movimientos extremistas antiinmigraci�n y modular el impacto que los flujos migratorios conllevan para el sostenimiento del generoso Estado de bienestar europeo.
Por el contrario, en el Ejecutivo de Pedro S�nchez sostienen que nuestro pa�s necesitar� en las pr�ximas d�cadas de m�s poblaci�n inmigrante para financiar el aumento exponencial del gasto en pensiones debido al envejecimiento acelerado de la sociedad. Un argumento que se suma a los criterios humanitarios para justificar la necesidad de aprobar por decreto, y sin esperar al debate en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por diversas organizaciones civiles, una regularizaci�n expr�s que pretenden completar en verano.
Un proceso extraordinario de estas dimensiones (se calcula que podr�an acogerse entre 500.000 y 800.000 personas) no tiene precedentes pr�ximos en el tiempo en otros pa�ses europeos, entre otras causas porque el Pacto Europeo sobre Inmigraci�n y Asilo de 2008 desaconseja las naturalizaciones generalizadas de irregulares. Aun as�, el comisario de Asuntos Internos y Migraci�n, Magnus Brunner, evit� criticar la decisi�n de nuestro Gobierno, que enmarc� en las competencias de los Estados miembros respecto al estatus legal de quienes residen de manera ilegal en ellos, si bien inst� a valorar si existe una necesidad de mano de obra que pueda justificar una decisi�n de este tipo. Es dif�cil que Moncloa se acoja a ello teniendo en cuenta que la tasa de paro al cierre de 2025 fue del 9,93%.
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