El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, acordó pausar la aplicación de la HB 9 tras una denuncia del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra las medidas “antiICE” en el estado. La normativa prevé proteger a las familias inmigrantes ante deportaciones masivas y estaba por aplicarse el 20 de mayo.
La HB 9, denominada Ley de Seguridad de los Inmigrantes, es una legislación de Nuevo México firmada el 5 de febrero de este año. El propósito de la medida es proteger a las familias inmigrantes y prohibir la complicidad del estado en los operativos migratorios.
La normativa está basada en cuatro pilares fundamentales, según consigna el documento:
De igual modo, la ley busca fomentar la confianza en las autoridades para que las víctimas de delitos y sobrevivientes de violencia doméstica encuentren ayuda policial sin temor a ser deportados.
La HB 9 estaba pautada para entrar en vigor el próximo 20 de mayo. No obstante, a principios de ese mes, el DOJ presentó una demanda y una solicitud de medida cautelar preliminar contra el Estado de Nuevo México por la normativa.
De acuerdo con el comunicado oficial, Nuevo México prevé “abolir décadas de colaboración voluntaria” entre los gobiernos locales y las autoridades federales para regular las políticas migratorias, una facultad que la Constitución otorga de manera exclusiva y única al “gobierno federal”.
“Nuestras demandas buscan detener las acciones inconstitucionales del estado, preservar la cooperación entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales, y permitir que los funcionarios federales de inmigración hagan cumplir la ley”, dijo el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia.
La demanda destaca que, al prohibir la participación de entidades públicas en la detención migratoria federal, la HB9 pone en peligro cerca de 300 puestos de trabajo.
El pasado 13 de mayo, el fiscal general de Nuevo México presentó una moción estipulada en la que aceptaba dejar de aplicar la norma contra el extenso Centro de Detención del Condado de Otero mientras continúa la demanda federal.
De acuerdo con NM Political Report, a cambio de que el DOJ retirara su solicitud de medida cautelar preliminar, Torrez se comprometió a suspender la aplicación de la ley.
“Esta fue una decisión procesal tomada con el fin de agilizar el litigio federal pendiente. Confiamos en que actuamos conforme a la ley y queremos llegar a una resolución final lo antes posible”, dijo un portavoz de la fiscalía de Nuevo México.