Boston. En un nuevo revés contra la campaña antimigrante del presidente Donald Trump, un juez federal anuló una política que dificultaba la permanencia y la entrada al país de personas procedentes de 39 países, impuesta por el republicano tras el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en 2025 por un afgano.
El juez John McConnell Jr., señaló que la política “sumió la vida de innumerables inmigrantes que viven en Estados Unidos en un limbo legal indeterminado”; al tiempo que acusó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadunidense (Uscis, por sus siglas en inglés) de realizar acciones “contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas”.
En el dictamen de 100 páginas, el juez enfatizó que “al implementar sus recientes políticas de inmigración, el Uscis reclama autoridad legal y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin tener en cuenta los intereses de confianza de los solicitantes y justifica sus acciones con pretextos de ‘seguridad nacional’, que enmascaran sentimientos contra los extranjeros que tiene prohibido permitir que influyan en su toma de decisiones”.
Aseguró que dichas restricciones eran ilegales e implicaron que los inmigrantes de 39 países de África, Asia, América Latina y Medio Oriente hayan sido excluidos de recibir decisiones finales sobre distintas solicitudes.
“Desde entonces, a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente obtener decisiones definitivas relativas, entre otras cosas, a sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta de residencia permanente o naturalización”, afirmó McConnell.
Destacó que las solicitudes de tarjetas de residencia conocida como green card o de naturalización fueron suspendidas para personas de 19 de los países más pobres del mundo, luego de que la ex secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sugirió a Trump “una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado Estados Unidos con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo”, según una publicación realizada por la ex funcionaria en X.
Doce de los países afectados ya enfrentaban una prohibición de entrada en territorio estadunidense desde junio de 2025: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Se les sumaron Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, restringidos de expedición de visas. Mientras en diciembre fueron añadidos 20 países más.
En este contexto, la presidenta de la organización Democracy Forward, Skye Perryman, afirmó que “este fallo reafirma un principio fundamental: el gobierno federal no puede cerrar las vías de inmigración legales ni discriminar a las personas por su origen”.