El proceso ha reavivado el debate sobre la constitucionalidad de sus procedimientos, el debido proceso y el uso de pruebas confidenciales en casos de deportaci\u00f3n por seguridad nacional<\/p>\n
Un tribunal que permaneci\u00f3 inactivo durante casi tres d\u00e9cadas, creado en 1996 para atender casos de deportaci\u00f3n de alta sensibilidad relacionados con presuntos \u00abterroristas extranjeros\u00bb, el\u00a0Tribunal para la Deportaci\u00f3n de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en ingl\u00e9s)\u00a0nunca hab\u00eda sido utilizado hasta este mes.<\/p>\n
Incluso, durante a\u00f1os no cont\u00f3 con un sitio web para dar seguimiento a sus procedimientos. Ahora, el Gobierno de\u00a0Donald Trump\u00a0decidi\u00f3 recurrir por primera vez a este mecanismo como parte de una nueva estrategia de deportaci\u00f3n.<\/p>\n
Durante casi 30 a\u00f1os, un grupo rotativo de jueces estuvo preparado para conocer asuntos relacionados con este tribunal, aunque ning\u00fan gobierno federal hab\u00eda considerado necesario utilizarlo.<\/p>\n
El ATRC permite que el Gobierno mantenga en secreto, incluso frente a la persona que pretende deportar, gran parte de las razones y pruebas con las que sostiene que un inmigrante es terrorista, adem\u00e1s de restringir diversas v\u00edas de impugnaci\u00f3n disponibles en los procedimientos migratorios ordinarios.\u00a0<\/p>\n
Debido al car\u00e1cter confidencial del tribunal, se conocen pocos detalles sobre el expediente presentado por el Departamento de Justicia. Sin embargo, una orden p\u00fablica emitida por la jueza que supervisa el caso revela que no qued\u00f3 convencida con los argumentos iniciales del Gobierno y solicit\u00f3 informaci\u00f3n adicional antes de continuar con el procedimiento.<\/p>\n
Desde su creaci\u00f3n mediante la\u00a0Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, diversos especialistas cuestionaron la constitucionalidad de los procedimientos del ATRC. El Congreso dise\u00f1\u00f3 este modelo para proteger informaci\u00f3n clasificada relacionada con la seguridad nacional, pero las restricciones al acceso de pruebas han generado cr\u00edticas por posibles violaciones al debido proceso garantizado por la\u00a0Quinta Enmienda.<\/p>\n
Andrew Arthur, exfuncionario del antiguo\u00a0Servicio de Inmigraci\u00f3n y Naturalizaci\u00f3n\u00a0del Departamento de Justicia, asegur\u00f3 que\u00a0\u201cEl ATRC era el \u00faltimo tribunal al que se habr\u00eda querido recurrir\u201d, ya que el Gobierno consideraba suficientes los mecanismos existentes para proteger informaci\u00f3n clasificada. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que el uso del tribunal inevitablemente provocar\u00eda impugnaciones legales que podr\u00edan llegar hasta la\u00a0Corte Suprema.\u00a0<\/p>\n
Aunque no est\u00e1 claro por qu\u00e9 la administraci\u00f3n decidi\u00f3 utilizar ahora este tribunal, especialistas consideran que el Gobierno de Trump ha mostrado una mayor disposici\u00f3n para explorar herramientas jur\u00eddicas poco utilizadas. Arthur incluso plante\u00f3 que el caso podr\u00eda involucrar\u00a0\u201cuna persona respecto de la cual el Gobierno concluye que hizo algo muy grave, pero eso tan grave no es algo que pueda decirse en un tribunal abierto\u201d.<\/p>\n
Por su parte, un portavoz del\u00a0Departamento de Justicia\u00a0afirm\u00f3:\u00a0\u201cEste Departamento de Justicia utilizar\u00e1 todas las herramientas disponibles para llevar ante la justicia a los terroristas extranjeros y expulsarlos de Estados Unidos, incluido este tribunal establecido por el Congreso en 1996\u201d. Mientras tanto, el analista jur\u00eddico de CNN\u00a0Steve Vladeck\u00a0compar\u00f3 el caso con\u00a0Jurassic Park\u00a0y advirti\u00f3:\u00a0\u201clos velociraptores est\u00e1n poniendo a prueba las cercas\u201d.\u00a0<\/p>\n
La legislaci\u00f3n establece que estos procedimientos deben realizarse\u00a0\u201ctan r\u00e1pidamente como sea posible\u201d\u00a0y limita la posibilidad de solicitar asilo u otros recursos que normalmente pueden impedir una deportaci\u00f3n. Asimismo, las apelaciones deben presentarse ante la\u00a0Corte de Apelaciones del Circuito de Washington\u00a0dentro de los 20 d\u00edas posteriores a la resoluci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
Aun as\u00ed, expertos consideran que el tribunal no fue dise\u00f1ado para deportaciones masivas, ya que los cinco jueces que lo integran pertenecen al poder judicial del\u00a0Art\u00edculo III de la Constituci\u00f3n, lo que les otorga mayor independencia frente a los jueces de inmigraci\u00f3n del poder ejecutivo. Seg\u00fan Vladeck, el modelo deposita una responsabilidad especial en los jueces para evaluar con mayor escepticismo las pruebas del Gobierno.\u00a0<\/p>\n
Juristas sostienen que la legalidad del ATRC seguir\u00e1 siendo objeto de debate, ya que el Gobierno puede presentar gran parte de sus pruebas\u00a0in camera\u00a0y\u00a0ex parte, es decir, \u00fanicamente ante el juez y sin que la persona sometida al procedimiento tenga acceso a esa informaci\u00f3n.<\/p>\n
Aunque la ley contempla representaci\u00f3n legal e incluso un abogado especial para algunos residentes permanentes, la defensa tambi\u00e9n enfrenta restricciones por motivos de confidencialidad.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la legislaci\u00f3n limita el acceso a las pruebas para inmigrantes con estatus temporal o sin autorizaci\u00f3n para permanecer en Estados Unidos y establece que el presunto terrorista no puede solicitar la exclusi\u00f3n de pruebas obtenidas ilegalmente por el Gobierno, lo que tambi\u00e9n ha generado cuestionamientos sobre su compatibilidad con la Cuarta Enmienda.\u00a0<\/p>\n
La solicitud del Gobierno fue presentada en julio y es supervisada por la jueza\u00a0Joan Ericksen, quien preside actualmente el ATRC. En una orden emitida el\u00a016 de julio, la juzgadora se\u00f1al\u00f3 que exist\u00edan vac\u00edos en los argumentos presentados y concedi\u00f3 plazo al Gobierno para entregar informaci\u00f3n adicional, al considerar que\u00a0\u201cel Gobierno podr\u00eda beneficiarse de la oportunidad de realizar una consideraci\u00f3n m\u00e1s detenida\u201d. Hasta la ma\u00f1ana del jueves, ese documento a\u00fan no aparec\u00eda en el sitio web p\u00fablico del tribunal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El proceso ha reavivado el debate sobre la constitucionalidad de sus procedimientos, el debido proceso y el uso de pruebas confidenciales en casos de deportaci\u00f3n por seguridad nacional Un tribunal que permaneci\u00f3 inactivo durante casi tres d\u00e9cadas, creado en 1996 para atender casos de deportaci\u00f3n de alta sensibilidad relacionados con presuntos \u00abterroristas extranjeros\u00bb, el\u00a0Tribunal para la Deportaci\u00f3n de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en ingl\u00e9s)\u00a0nunca hab\u00eda sido utilizado hasta este mes. Incluso, durante a\u00f1os no cont\u00f3 con un sitio web para dar seguimiento a sus procedimientos. Ahora, el Gobierno de\u00a0Donald Trump\u00a0decidi\u00f3 recurrir por primera vez a este mecanismo como parte de una nueva estrategia de deportaci\u00f3n. Durante casi 30 a\u00f1os, un grupo rotativo de jueces estuvo preparado para conocer asuntos relacionados con este tribunal, aunque ning\u00fan gobierno federal hab\u00eda considerado necesario utilizarlo. El ATRC permite que el Gobierno mantenga en secreto, incluso frente a la persona que pretende deportar, gran parte de las razones y pruebas con las que sostiene que un inmigrante es terrorista, adem\u00e1s de restringir diversas v\u00edas de impugnaci\u00f3n disponibles en los procedimientos migratorios ordinarios.\u00a0 Debido al car\u00e1cter confidencial del tribunal, se conocen pocos detalles sobre el expediente presentado por el Departamento de Justicia. Sin embargo, …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7391,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-7390","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n