El centro de procesamiento de adelanto, el m\u00e1s letal<\/p>\n
Esos sitios niegan atenci\u00f3n m\u00e9dica para obtener millonarias ganancias, denuncian<\/p>\n
Los mexicanos que han muerto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingl\u00e9s) en lo que va del segundo gobierno de Donald Trump no han estado, en su mayor\u00eda, bajo la responsabilidad directa del gobierno estadunidense, sino de empresas privadas. Desde el inicio de esa administraci\u00f3n, 17 connacionales han fallecido: 14 bajo resguardo del ICE y tres en operativos migratorios. De esas 14 muertes, nueve \u201364 por ciento\u2013 ocurrieron en instalaciones operadas por dos compa\u00f1\u00edas, GEO Group y CoreCivic, y una m\u00e1s durante un traslado a cargo tambi\u00e9n de GEO Group, seg\u00fan los expedientes oficiales y las p\u00e1ginas de las empresas revisadas por La Jornada.<\/p>\n
Ninguna instalaci\u00f3n concentra tantas muertes como el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California: ah\u00ed han fallecido cuatro connacionales, todos bajo custodia de GEO Group. Fue justamente tras una de esas muertes que la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores (SRE) exigi\u00f3, desde marzo pasado, una revisi\u00f3n inmediata del sitio por \u201cgraves omisiones y evidentes deficiencias\u201d en la atenci\u00f3n m\u00e9dica.<\/p>\n
Ese reclamo de marzo result\u00f3 insuficiente. El jueves pasado, tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo \u2013baleado por un agente del ICE durante un operativo\u2013, el canciller Roberto Velasco \u00c1lvarez anunci\u00f3 que M\u00e9xico pasa del reclamo diplom\u00e1tico a la acci\u00f3n legal directa contra las empresas privadas.<\/p>\n
La SRE enviar\u00e1 cartas de \u201ccese y desistimiento\u201d \u2013una figura del derecho estadunidense para iniciar una acci\u00f3n civil\u2013 a los operadores de los centros donde han muerto mexicanos, adem\u00e1s de pedir a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica que presente denuncias penales ante las autoridades de Estados Unidos. El propio Velasco explic\u00f3 que estas cartas buscan que las empresas \u201cdejen de realizar estas acciones\u201d y \u201ccambien estas condiciones\u201d, aunque aclar\u00f3 que la responsabilidad de cada compa\u00f1\u00eda \u201cdeber\u00e1 determinarse mediante los procedimientos correspondientes\u201d.<\/p>\n
Las complicaciones m\u00e9dicas son la causa individual m\u00e1s frecuente entre los 17 fallecimientos: seis casos, casi todos documentados en centros operados por GEO Group o CoreCivic. El expediente de Jos\u00e9 Guadalupe Ramos Solano, detenido en Adelanto, registra que el personal de enfermer\u00eda anot\u00f3 \u201clecturas que oscilaron entre 123 y m\u00e1s de 600\u201d miligramos de glucosa por decilitro durante casi un mes, sin que fuera trasladado a un hospital hasta el d\u00eda de su colapso. El de Alberto Guti\u00e9rrez Reyes, tambi\u00e9n en Adelanto, documenta que \u201csufri\u00f3 una convulsi\u00f3n\u201d y present\u00f3 anomal\u00edas renales y de coagulaci\u00f3n horas antes de morir por un paro cardiaco. Y el de \u00d3scar Duarte Rasc\u00f3n, detenido originalmente por CoreCivic en Eloy, Arizona, describe meses de hospitalizaci\u00f3n por una enfermedad neurodegenerativa antes de que los m\u00e9dicos determinaran que ya no ser\u00eda reanimado.<\/p>\n
GEO Group, la empresa con m\u00e1s muertes de mexicanos bajo su custodia, ha sido tambi\u00e9n la m\u00e1s beneficiada econ\u00f3micamente por la expansi\u00f3n de la detenci\u00f3n migratoria: report\u00f3 una ganancia de 254 millones de d\u00f3lares en 2025, casi 700 por ciento m\u00e1s que un a\u00f1o antes, atribuida por la propia compa\u00f1\u00eda a nuevos contratos con el ICE. S\u00f3lo el contrato de Adelanto le representar\u00eda 31 millones de d\u00f3lares adicionales de ganancia anual al operar a m\u00e1xima capacidad, seg\u00fan cifras que la empresa report\u00f3 a sus inversionistas y que fueron citadas en una demanda de acci\u00f3n colectiva presentada en enero pasado ante una corte federal de California<\/p>\n
De acuerdo con organizaciones civiles, el ICE no opera directamente la mayor\u00eda de sus centros: los contrata con empresas privadas o con c\u00e1rceles de condado, mediante convenios que le permiten expandir su capacidad de detenci\u00f3n sin construir ni administrar instalaciones propias. En marzo de 2026, un promedio de m\u00e1s de mil personas era detenido diariamente en 20 de las instalaciones m\u00e1s grandes del pa\u00eds, y 19 de esas 20 eran operadas por empresas privadas, seg\u00fan un an\u00e1lisis del Vera Institute of Justice basado en registros del ICE.<\/p>\n
Para la Uni\u00f3n Estadunidense por las Libertades Civiles, el patr\u00f3n no es casualidad: los contratistas privados del ICE est\u00e1n \u201cincentivados a recortar personal m\u00e9dico y negar atenci\u00f3n\u201d con el fin de maximizar el retorno para sus accionistas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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