Atenci\u00f3n a inmigrantes en sus tr\u00e1mites para acogerse a la regularizaci\u00f3n masiva, el pasado abril en el Puerto del Almer\u00eda.<\/p>\n
EP<\/p>\n
Espa\u00f1a no ha implementado 8 de las 9 medidas del Pacto Europeo de Migraci\u00f3n y Asilo (PEMA) a un d\u00eda de su entrada en vigor.<\/p>\n
El \u00fanico pilar cumplido por Espa\u00f1a es la solicitud de fondos europeos, mientras que la nueva Ley de Asilo ni siquiera ha sido enviada al Congreso.<\/p>\n
La falta de adaptaci\u00f3n legislativa y de infraestructuras genera incertidumbre jur\u00eddica y riesgo de procedimientos legales por incumplimiento de los reglamentos europeos.<\/p>\n
Espa\u00f1a regulariz\u00f3 a cientos de miles de inmigrantes antes de la entrada en vigor del PEMA, lo que provoc\u00f3 cr\u00edticas y tensiones diplom\u00e1ticas con otros pa\u00edses europeos.<\/p>\n
Este viernes 12 de junio entra en vigor el Pacto Europeo de Migraci\u00f3n y Asilo (PEMA). Pero a 24 horas de la fecha, Espa\u00f1a incumple 8 de las 9 medidas que el propio Gobierno se comprometi\u00f3 a tener operativas antes de esa fecha.<\/p>\n
El incumplimiento no es interpretable: lo acredita el Plan Nacional de Implementaci\u00f3n (PNI) que el Gobierno remiti\u00f3 a Bruselas en diciembre de 2024. Ese documento fij\u00f3 una tabla de hitos a 6, 12 y 18 meses. Pasados esos 18 meses, exactamente ahora, en junio de 2026, casi ninguno de esos hitos est\u00e1n cumplidos.<\/p>\n
El PEMA es el mayor cambio en la pol\u00edtica migratoria europea desde la crisis de 2015.<\/p>\n
Regula el cribado biom\u00e9trico en frontera, los procedimientos de asilo acelerados, el retorno de quienes no tienen derecho a quedarse y el reparto solidario de responsabilidades entre los Veintisiete. Su aplicaci\u00f3n efectiva es obligatoria para todos los Estados miembros desde este mismo viernes. No hay margen.<\/p>\n
El Gobierno de Pedro S\u00e1nchez lleva a\u00f1o y medio exhibiendo un argumento: Espa\u00f1a fue el primer pa\u00eds de la UE en entregar a la Comisi\u00f3n Europea su Plan Nacional de Implementaci\u00f3n, en diciembre de 2024.<\/p>\n
\u00abEspa\u00f1a lidera la elaboraci\u00f3n del Plan de Implementaci\u00f3n del Pacto\u00bb, proclam\u00f3 Moncloa en marzo de 2025. La ministra Elma Saiz lo refrend\u00f3 as\u00ed: \u00abLa aplicaci\u00f3n del Pacto de Migraci\u00f3n y Asilo debe ser una prioridad para Espa\u00f1a\u00bb.<\/p>\n
Sin embargo, ese liderazgo se basaba \u00fanicamente en haber entregado el papel el primero. El contenido del plan \u2014que estructur\u00f3 la implementaci\u00f3n en nueve pilares\u2014 revela ahora que casi ninguno se ha materializado.<\/p>\n
La paradoja es m\u00e1s aguda si se recuerda el origen del propio Pacto europeo: se negoci\u00f3 y cerr\u00f3 durante el segundo semestre de 2023, bajo la Presidencia espa\u00f1ola del Consejo de la UE.<\/p>\n
S\u00e1nchez lo vendi\u00f3 como un \u00e9xito de su diplomacia europea: un acuerdo \u00abhumanista\u00bb que cerraba d\u00e9cadas de negociaci\u00f3n sin resultado. El Gobierno espa\u00f1ol fue corresponsable de cada art\u00edculo del texto.<\/p>\n
Lo que ocurri\u00f3 despu\u00e9s desmonta ese relato. El giro conservador del Parlamento Europeo tras las elecciones de junio de 2024 endureci\u00f3 el desarrollo reglamentario del Pacto m\u00e1s all\u00e1 de lo que Espa\u00f1a hab\u00eda aceptado. Y el Gobierno de S\u00e1nchez pas\u00f3 de coautor a disidente.<\/p>\n
El episodio m\u00e1s revelador lleg\u00f3 en el Consejo de Ministros de Interior de la UE del 8 de diciembre de 2025: Espa\u00f1a fue el \u00fanico pa\u00eds de los Veintisiete que vot\u00f3 en contra de la orientaci\u00f3n general sobre el nuevo Reglamento de Retornos.<\/p>\n
Desde el Grupo Popular Europeo, la reacci\u00f3n fue contundente.<\/p>\n
\u00abEs profundamente lamentable que los socialistas en el Parlamento Europeo no apoyen un enfoque equilibrado y pragm\u00e1tico sobre los retornos, especialmente cuando sus propios gobiernos ya hab\u00edan acordado esas medidas\u00bb, se\u00f1alan documentos internos del PPE a los que ha accedido este diario. \u00abEuropa necesita responsabilidad, no juegos pol\u00edticos.\u00bb<\/p>\n
El eurodiputado Javier Zarzalejos, presidente de la comisi\u00f3n LIBE del Parlamento Europeo, a\u00f1adi\u00f3 el diagn\u00f3stico m\u00e1s preciso: \u00abCuando de cada 100 \u00f3rdenes de retorno o de expulsi\u00f3n solamente se ejecutan 20, algo est\u00e1 fallando. Y en Espa\u00f1a el porcentaje es mucho m\u00e1s bajo: no llega al 10%\u00bb.<\/p>\n
El dato exacto que recoge EL ESPA\u00d1OL: en Espa\u00f1a se ejecuta el 9,7% de las \u00f3rdenes de retorno, frente a ese 20% de media europea.<\/p>\n
El saldo es desconcertante: el mismo Gobierno que negoci\u00f3 el Pacto, que proclam\u00f3 liderarlo y que lo firm\u00f3 como \u00e9xito propio es hoy el \u00fanico que vot\u00f3 en contra de uno de sus reglamentos de desarrollo. Y el que llega al d\u00eda de su entrada en vigor con ocho de sus nueve pilares sin implementar.<\/p>\n
La nueva Ley de Asilo no est\u00e1 aprobada. El Plan Nacional de Implementaci\u00f3n preve\u00eda que a los 12 meses estuviera aprobada en Consejo de Ministros y remitida a las Cortes.<\/p>\n
Pasados 18 meses deber\u00eda haber sido aprobada por el Parlamento. Pero a 11 de junio de 2026, no est\u00e1 ni enviada al Congreso: el Gobierno sigue aplicando la Ley 12\/2009, una norma de hace 17 a\u00f1os que no incorpora ninguno de los reglamentos del PEMA.<\/p>\n
El nuevo Reglamento de Extranjer\u00eda (Real Decreto 1155\/2024) entr\u00f3 en vigor el 20 de mayo de 2025. Es la \u00fanica medida que puede considerarse ejecutada.<\/p>\n
Sin embargo, ese reglamento no adapta la Ley de Extranjer\u00eda al PEMA en materia de asilo, cribado o retorno: esos cambios dependen de la nueva Ley de Asilo, que no existe.<\/p>\n
El PNI exig\u00eda elaborar a los 12 meses los protocolos operativos entre la Direcci\u00f3n General de Acogida y la Direcci\u00f3n General de Protecci\u00f3n Internacional.<\/p>\n
No consta publicaci\u00f3n oficial en el BOE ni nota de prensa que acredite su aprobaci\u00f3n.<\/p>\n
El sistema estatal de acogida atendi\u00f3 a m\u00e1s de 124.000 personas en 2025. Pero no est\u00e1 adaptado a los nuevos procedimientos del Pacto.<\/p>\n
No existe nueva infraestructura habilitada para la llamada \u00abficci\u00f3n de no entrada\u00bb, es decir, la obligaci\u00f3n de los Estados miembros de no dar por \u00abllegados a territorio europeo\u00bb a los irregulares hasta pasados siete d\u00edas de cribado legal.<\/p>\n
Tampoco hay instalaciones para el procedimiento fronterizo acelerado en las costas canarias, los puertos andaluces ni en los aeropuertos.<\/p>\n
El Gobierno ha aprobado financiaci\u00f3n v\u00eda Fondo de Contingencia \u2014286,7 millones en marzo de 2026\u2014 y publicado una resoluci\u00f3n de planificaci\u00f3n general.<\/p>\n
Sin embargo, la orden se dio hace apenas dos meses, sin tiempo a cumplir. Y adem\u00e1s, no consta un plan espec\u00edfico de necesidades de plazas vinculado a los nuevos procedimientos fronterizos del PEMA.<\/p>\n
El PNI fijaba su aprobaci\u00f3n a los 12 meses. Pasados seis m\u00e1s y cumplido el plazo, el propio resumen ejecutivo reconoce que los planes de contingencia \u00abse est\u00e1n elaborando\u00bb. No hay aprobaci\u00f3n formal y s\u00ed constan quejas por su ausencia de gobiernos regionales, como el vasco, esta misma semana.<\/p>\n
Interior ha convocado en 2026 la mayor Oferta P\u00fablica de Empleo de su historia: 2.854 plazas para Polic\u00eda Nacional y 3.240 para Guardia Civil. Pero ninguna est\u00e1 vinculada expl\u00edcitamente al PEMA ni a las nuevas unidades de cribado fronterizo.<\/p>\n
La Oficina de Asilo y Refugio no cuenta con una convocatoria espec\u00edfica publicada de cara al 12 de junio.<\/p>\n
El PNI preve\u00eda que hace ya un a\u00f1o se habr\u00eda nombrado al nuevo personal representante ante los Foros de solidaridad de la UE. No existe comunicaci\u00f3n oficial espa\u00f1ola ni comunitaria que acredite la designaci\u00f3n formal de representantes conforme al nuevo marco del PEMA.<\/p>\n
Es el \u00fanico pilar ejecutado sin reservas. Espa\u00f1a tiene operativo su programa nacional del Fondo de Asilo, Migraci\u00f3n e Integraci\u00f3n (FAMI), con una dotaci\u00f3n de 482,3 millones de euros para el per\u00edodo 2021-2027.<\/p>\n
El desfase entre el discurso y la realidad tiene tres dimensiones que se retroalimentan.<\/p>\n
La primera es legislativa. Sin nueva Ley de Asilo, los operadores jur\u00eddicos aplican desde este viernes una norma de 2009 a reglamentos europeos de 2024, de obligado cumplimiento, pues operan como derecho nacional.<\/p>\n
Las lagunas tendr\u00e1n que llenarse con interpretaci\u00f3n directa del derecho europeo, lo que exige formaci\u00f3n urgente de funcionarios y jueces que tampoco consta que se haya completado.<\/p>\n
La segunda es de infraestructuras. El PEMA impone la citada \u00abficci\u00f3n de no entrada\u00bb: durante el cribado y el procedimiento fronterizo, la persona no tiene derecho legal a pisar territorio europeo.<\/p>\n
Para aplicar eso hacen falta instalaciones espec\u00edficas que no existen: ni en los aeropuertos, ni en los CATE de Canarias, ni en los puertos del sur peninsular.<\/p>\n
La tercera dimensi\u00f3n es pol\u00edtica, y es la m\u00e1s dif\u00edcil de resolver.<\/p>\n
El Gobierno tramit\u00f3 simult\u00e1neamente \u2014y con deliberada coincidencia temporal\u2014 una regularizaci\u00f3n masiva para cientos de miles de personas en situaci\u00f3n irregular en Espa\u00f1a, justo antes de que entrara en vigor el Pacto que exige acelerarles el retorno.<\/p>\n
La medida lleg\u00f3 a generar una reacci\u00f3n diplom\u00e1tica sin precedentes: el grupo del ECR de Giorgia Meloni envi\u00f3 una carta personal a Ursula von der Leyen alertando de que la regularizaci\u00f3n \u00absocava la credibilidad del control migratorio europeo\u00bb y se convertir\u00e1 \u00aben una desventaja permanente para todos los Estados miembros\u00bb.<\/p>\n
En febrero, el comisario de Migraci\u00f3n, Magnus Brunner, ya hab\u00eda lanzado p\u00fablicamente la advertencia m\u00e1s directa que se recuerda desde Bruselas hacia un Gobierno europeo: \u00abLos inmigrantes irregulares deben abandonar la Uni\u00f3n Europea; si no, las reglas no son cre\u00edbles\u00bb.<\/p>\n
La consecuencia es una doble agenda que choca de frente. Mientras la Polic\u00eda Nacional debe preparar protocolos de screening y biometr\u00eda que Bruselas exige desde este viernes, el Gobierno la usa para procesar 1,2 millones de solicitudes de una regularizaci\u00f3n que Bruselas califica de \u00abmasiva y pr\u00e1cticamente indiscriminada\u00bb.<\/p>\n
El Real Instituto Elcano identifica a Espa\u00f1a como \u00abla excepci\u00f3n m\u00e1s clara\u00bb en el giro restrictivo europeo.<\/p>\n
Las consecuencias jur\u00eddicas del incumplimiento son concretas y pr\u00f3ximas: por un lado, posibles procedimientos ante el TJUE por aplicaci\u00f3n defectuosa de reglamentos directamente aplicables. Por otro, litigaci\u00f3n interna de solicitantes atrapados entre el derecho espa\u00f1ol de 2009 y el europeo de 2026.<\/p>\n
Finalmente, tensi\u00f3n constitucional entre las garant\u00edas procesales espa\u00f1olas y los plazos de 14 d\u00edas que impone la Orden de Retorno Europea.<\/p>\n
Espa\u00f1a negoci\u00f3 el Pacto, lo firm\u00f3, se lo apunt\u00f3 como logro y luego regulariz\u00f3 a cientos de miles de personas justo antes de que ese mismo Pacto les exigiera marcharse. Este viernes, 12 de junio, puede comenzar otra crisis migratoria, en este caso pol\u00edtica y administrativa tras a\u00f1o y medio de vida de un Plan de Implementaci\u00f3n que se qued\u00f3 en sus 43 horas de papel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Atenci\u00f3n a inmigrantes en sus tr\u00e1mites para acogerse a la regularizaci\u00f3n masiva, el pasado abril en el Puerto del Almer\u00eda. EP Espa\u00f1a no ha implementado 8 de las 9 medidas del Pacto Europeo de Migraci\u00f3n y Asilo (PEMA) a un d\u00eda de su entrada en vigor. El \u00fanico pilar cumplido por Espa\u00f1a es la solicitud de fondos europeos, mientras que la nueva Ley de Asilo ni siquiera ha sido enviada al Congreso. La falta de adaptaci\u00f3n legislativa y de infraestructuras genera incertidumbre jur\u00eddica y riesgo de procedimientos legales por incumplimiento de los reglamentos europeos. Espa\u00f1a regulariz\u00f3 a cientos de miles de inmigrantes antes de la entrada en vigor del PEMA, lo que provoc\u00f3 cr\u00edticas y tensiones diplom\u00e1ticas con otros pa\u00edses europeos. Este viernes 12 de junio entra en vigor el Pacto Europeo de Migraci\u00f3n y Asilo (PEMA). Pero a 24 horas de la fecha, Espa\u00f1a incumple 8 de las 9 medidas que el propio Gobierno se comprometi\u00f3 a tener operativas antes de esa fecha. El incumplimiento no es interpretable: lo acredita el Plan Nacional de Implementaci\u00f3n (PNI) que el Gobierno remiti\u00f3 a Bruselas en diciembre de 2024. Ese documento fij\u00f3 una tabla de hitos a 6, 12 y 18 meses. …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6721,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-6720","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n