Una decisi\u00f3n judicial volvi\u00f3 a poner l\u00edmites a una de las medidas migratorias impulsadas por la administraci\u00f3n de Donald Trump. Un juez federal determin\u00f3 que la cuota de US$100 mil impuesta a ciertas nuevas peticiones de visas H-1B es ilegal y no puede seguir aplic\u00e1ndose, al considerar que el Poder Ejecutivo excedi\u00f3 las facultades otorgadas por el Congreso.<\/p>\n
Seg\u00fan inform\u00f3 Courthouse News, el juez federal Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, resolvi\u00f3 que el cobro de US$100 mil establecido por la administraci\u00f3n Trump para nuevas solicitudes de visas H-1B constituye en realidad un impuesto y no una tarifa administrativa.<\/p>\n
En una sentencia de 42 p\u00e1ginas emitida el 8 de junio de 2026, el magistrado concluy\u00f3 que el gobierno federal no ten\u00eda autoridad para imponer ese cargo sin la aprobaci\u00f3n del Congreso.<\/p>\n
La administraci\u00f3n hab\u00eda argumentado durante el litigio que el monto era un \u201cpago regulatorio\u201d destinado a cumplir objetivos de pol\u00edtica migratoria. Sin embargo, Sorokin rechaz\u00f3 esa interpretaci\u00f3n.<\/p>\n
En el fallo, el juez sostuvo que la naturaleza y la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la cuota demostraban que se trataba de un impuesto independientemente del nombre utilizado por el gobierno. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que ninguna de las justificaciones presentadas por las autoridades explicaba de manera razonada la imposici\u00f3n de una carga econ\u00f3mica tan elevada para los empleadores peticionarios.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n concluy\u00f3 que la medida era arbitraria y caprichosa porque afectaba directamente la capacidad de los estados demandantes para contratar personal en sectores esenciales.<\/p>\n
La controversia se remonta a septiembre de 2025, cuando Donald Trump anunci\u00f3 mediante una proclamaci\u00f3n presidencial que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en ingl\u00e9s) exigir\u00eda el pago de US$100 mil cada nueva petici\u00f3n de visa H-1B.<\/p>\n
La iniciativa form\u00f3 parte de una estrategia m\u00e1s amplia destinada a restringir distintas v\u00edas de inmigraci\u00f3n. Seg\u00fan la explicaci\u00f3n oficial de la Casa Blanca en aquel momento, el objetivo era incentivar a los empleadores a priorizar la contrataci\u00f3n de trabajadores estadounidenses en lugar de recurrir a profesionales extranjeros.<\/p>\n
Las visas H-1B fueron creadas por el Congreso a trav\u00e9s de la Ley de Inmigraci\u00f3n de 1990. El programa permite que empresas, universidades, hospitales y otras instituciones contraten trabajadores extranjeros altamente especializados para cubrir vacantes en \u00e1reas donde existe escasez de personal calificado.<\/p>\n
Entre los profesionales que suelen ingresar mediante este mecanismo se encuentran:<\/p>\n
La demanda fue presentada inicialmente en diciembre de 2025 por una coalici\u00f3n de fiscales generales dem\u00f3cratas encabezada por California y acompa\u00f1ada por otros estados.<\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n publicada entonces por Courthouse News, los demandantes argumentaron que la nueva cuota superaba ampliamente los costos reales de procesamiento de las solicitudes y creaba una barrera econ\u00f3mica pr\u00e1cticamente imposible de superar para muchas instituciones.<\/p>\n
Los estados sostuvieron que la pol\u00edtica afectar\u00eda especialmente a universidades p\u00fablicas, hospitales, sistemas escolares y centros de investigaci\u00f3n que dependen del programa para cubrir puestos especializados.<\/p>\n
Al anunciar la demanda, el fiscal general de California, Rob Bonta, afirm\u00f3 que el impacto para los empleadores del estado ser\u00eda devastador. Seg\u00fan explic\u00f3, el Estado Dorado enfrenta escasez de maestros, enfermeros y m\u00e9dicos, por lo que muchos servicios esenciales dependen de trabajadores contratados mediante el sistema H-1B.<\/p>\n
La sentencia de Sorokin recogi\u00f3 parte de esos argumentos. El juez consider\u00f3 acreditado que la cuota dificultaba la contrataci\u00f3n de personal en universidades p\u00fablicas, escuelas y sistemas de salud administrados por los estados.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que esos obst\u00e1culos podr\u00edan agravar la falta de trabajadores en sectores estrat\u00e9gicos y afectar la capacidad de los gobiernos estatales para brindar servicios m\u00e9dicos y educativos.<\/p>\n
El Departamento de Seguridad Nacional cuestion\u00f3 p\u00fablicamente la decisi\u00f3n y calific\u00f3 el fallo como \u201cactivismo judicial\u201d, la resoluci\u00f3n impide la aplicaci\u00f3n de la cuota de US$100 mil mientras permanezca vigente.<\/p>\n
En su reacci\u00f3n enviada a Courthouse News, un portavoz del DHS sostuvo que los cambios introducidos en el programa buscaban proteger la integridad del sistema y preservar oportunidades laborales para los trabajadores estadounidenses.<\/p>\n
Hasta que el gobierno federal decida apelar, deber\u00e1 modificar la implementaci\u00f3n de la norma y dejar sin efecto la medida adoptada por la administraci\u00f3n Trump sobre las nuevas visas H-1B.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Una decisi\u00f3n judicial volvi\u00f3 a poner l\u00edmites a una de las medidas migratorias impulsadas por la administraci\u00f3n de Donald Trump. Un juez federal determin\u00f3 que la cuota de US$100 mil impuesta a ciertas nuevas peticiones de visas H-1B es ilegal y no puede seguir aplic\u00e1ndose, al considerar que el Poder Ejecutivo excedi\u00f3 las facultades otorgadas por el Congreso. Seg\u00fan inform\u00f3 Courthouse News, el juez federal Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, resolvi\u00f3 que el cobro de US$100 mil establecido por la administraci\u00f3n Trump para nuevas solicitudes de visas H-1B constituye en realidad un impuesto y no una tarifa administrativa. En una sentencia de 42 p\u00e1ginas emitida el 8 de junio de 2026, el magistrado concluy\u00f3 que el gobierno federal no ten\u00eda autoridad para imponer ese cargo sin la aprobaci\u00f3n del Congreso. La administraci\u00f3n hab\u00eda argumentado durante el litigio que el monto era un \u201cpago regulatorio\u201d destinado a cumplir objetivos de pol\u00edtica migratoria. Sin embargo, Sorokin rechaz\u00f3 esa interpretaci\u00f3n. En el fallo, el juez sostuvo que la naturaleza y la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la cuota demostraban que se trataba de un impuesto independientemente del nombre utilizado por el gobierno. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que ninguna de las justificaciones …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6693,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-6692","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n