l diario estadunidense Los Angeles Times public\u00f3 un presunto reportaje seg\u00fan el cual el gobierno de Estados Unidos lanz\u00f3 una investigaci\u00f3n criminal contra los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Am\u00e9rico Villarreal (Tamaulipas). De acuerdo con el medio, a ambos mandatarios estatales se les neg\u00f3 o revoc\u00f3 la visa para ingresar a territorio estadunidense, por lo que sus viajes a ese pa\u00eds se han realizado bajo el programa Significant Public Benefit Parole (libertad condicional por beneficio p\u00fablico significativo), otorgado a individuos que cooperan con las autoridades en materia de seguridad p\u00fablica. Esto implica afirmar que ambos mandatarios no s\u00f3lo son investigados, sino que lo saben y se han convertido en informantes de una fiscal\u00eda.<\/p>\n
Lo primero que destaca en la pieza del rotativo angelino es la ligereza con que se lanzan acusaciones de tal gravedad sin proporcionar evidencias ni citar el origen de su historia, m\u00e1s all\u00e1 de referir a \u201cfuentes con conocimiento del caso\u201d. Cuando este factor se ubica en el contexto del creciente uso del narcotr\u00e1fico, como pretexto para el injerencismo de Washington en M\u00e9xico, es evidente que no se trata de un texto difundido por su valor period\u00edstico \u2013que no lo tiene\u2013, sino para sembrar una insidia particularmente conveniente a los funcionarios del gobierno estadunidense empecinados en desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de gobernadores aliados. Como ella misma se\u00f1al\u00f3, estos ataques se han recrudecido de manera visible desde que la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente carretero puso al descubierto el entendimiento criminal entre el gobierno de la panista Mar\u00eda Eugenia Campos en Chihuahua y la embajada estadunidense para desplegar en M\u00e9xico a elementos de varias agencias de inteligencia y espionaje a espaldas de la canciller\u00eda y de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Es inevitable que esta operaci\u00f3n de golpeteo medi\u00e1tico recuerde a la efectuada en enero de 2024 por Tim Golden para el medio ProPublica. En ese momento, a s\u00f3lo cinco meses de las elecciones presidenciales en M\u00e9xico, Golden firm\u00f3 un texto en el cual insinuaba que capos del narcotr\u00e1fico entregaron millones de d\u00f3lares a la campa\u00f1a del ex presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador en 2006 a cambio de promesas de tolerar sus actividades cuando llegara a la Presidencia \u2013lo cual no ocurri\u00f3 entonces debido al fraude orquestado por el IFE, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral a favor del PAN\u2013. Horas despu\u00e9s de lanzar la bomba desinformativa, Golden reconoci\u00f3 no contar con evidencia que apuntara en la direcci\u00f3n indicada por el titular, pero rehus\u00f3 disculparse por sugerir algo tan grave sin disponer de pruebas que lo respaldaran. Incluso, el Departamento de Justicia estadunidense inform\u00f3 que la investigaci\u00f3n fue concluida y cerrada 15 a\u00f1os atr\u00e1s porque ni los agentes ni los fiscales pudieron aportar elementos que sostuvieran las sospechas, pero ello no ha impedido que desde entonces la derecha pol\u00edtica y medi\u00e1tica hable de ese inexistente financiamiento ilegal como un hecho.<\/p>\n
Ahora, como hace dos a\u00f1os y medio, el problema con estas publicaciones irresponsables es que generan incertidumbre, afectan una honorabilidad que ning\u00fan dato ha puesto en duda y construyen a priori una justificaci\u00f3n para golpeteos judiciales (lawfare) injerencistas, que a su vez responden al designio de habilitar la aplicaci\u00f3n trumpista de la Doctrina Monroe. Si se desea hacer un uso consecuente y productivo de la libertad de expresi\u00f3n, habr\u00eda que dejar de lado las narrativas mendaces que intoxican a la opini\u00f3n p\u00fablica a ambos lados de la frontera y centrarse en la denuncia de criminales sobre quienes pesan todas las pruebas, como el presidente Donald Trump y varios miembros de su entorno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
l diario estadunidense Los Angeles Times public\u00f3 un presunto reportaje seg\u00fan el cual el gobierno de Estados Unidos lanz\u00f3 una investigaci\u00f3n criminal contra los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Am\u00e9rico Villarreal (Tamaulipas). De acuerdo con el medio, a ambos mandatarios estatales se les neg\u00f3 o revoc\u00f3 la visa para ingresar a territorio estadunidense, por lo que sus viajes a ese pa\u00eds se han realizado bajo el programa Significant Public Benefit Parole (libertad condicional por beneficio p\u00fablico significativo), otorgado a individuos que cooperan con las autoridades en materia de seguridad p\u00fablica. Esto implica afirmar que ambos mandatarios no s\u00f3lo son investigados, sino que lo saben y se han convertido en informantes de una fiscal\u00eda. Lo primero que destaca en la pieza del rotativo angelino es la ligereza con que se lanzan acusaciones de tal gravedad sin proporcionar evidencias ni citar el origen de su historia, m\u00e1s all\u00e1 de referir a \u201cfuentes con conocimiento del caso\u201d. Cuando este factor se ubica en el contexto del creciente uso del narcotr\u00e1fico, como pretexto para el injerencismo de Washington en M\u00e9xico, es evidente que no se trata de un texto difundido por su valor period\u00edstico \u2013que no lo tiene\u2013, sino para sembrar una insidia particularmente …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-6610","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n