Tanto Texas como Florida aplicaron disposiciones vinculadas al uso de datos de salud de personas migrantes en hospitales y programas p\u00fablicos. Las medidas forman parte de una pol\u00edtica impulsada en distintos estados gobernados por republicanos para reforzar el control migratorio mediante organismos estatales.<\/p>\n
En Florida, la ley SB 1718, promulgada en 2023 por el gobernador Ron DeSantis, exige a los hospitales que reciben fondos de Medicaid incluir preguntas sobre situaci\u00f3n migratoria en formularios de admisi\u00f3n y registro de pacientes. Texas adopt\u00f3 una medida similar en 2024 mediante una orden ejecutiva firmada por el gobernador Greg Abbott. La disposici\u00f3n incorpor\u00f3 controles relacionados con el estatus legal de personas atendidas dentro del sistema hospitalario estatal.<\/p>\n
Un reciente art\u00edculo de CBS News inform\u00f3 que ya son varios los estados gobernados por republicanos que ampl\u00edan la cooperaci\u00f3n entre agencias de salud p\u00fablica y autoridades federales.<\/p>\n
La administraci\u00f3n federal habilit\u00f3 mecanismos para que la informaci\u00f3n vinculada a beneficiarios pueda ser compartida con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingl\u00e9s) y otras agencias relacionadas con las deportaciones.<\/p>\n
Adem\u00e1s de Florida y Texas, estados como Carolina del Norte, Indiana, Luisiana, Montana y Wyoming aprobaron normas que obligan a departamentos estatales de salud a reportar casos donde existan dudas sobre la situaci\u00f3n migratoria de beneficiarios.<\/p>\n
\u201cEste es un tema que est\u00e1 muy presente en la agenda pol\u00edtica en este momento\u201d, dijo Carmel Shachar, investigadora de pol\u00edticas de salud en la Facultad de Derecho de Harvard.<\/p>\n
Organizaciones comunitarias y especialistas sostuvieron que estas pol\u00edticas generaron una ca\u00edda en consultas m\u00e9dicas dentro de comunidades inmigrantes. El principal motivo es el temor a que la informaci\u00f3n entregada en hospitales termine por utilizarse por el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
\u201cPreveo que esto llevar\u00e1 a que m\u00e1s familias se pregunten si es seguro buscar atenci\u00f3n m\u00e9dica, si se puede compartir informaci\u00f3n con las autoridades de inmigraci\u00f3n y si inscribir a un ni\u00f1o o buscar tratamiento podr\u00eda exponerlos a consecuencias legales\u201d, dijo a CBS News Yesenia Polanco-Galdamez, abogada de inmigraci\u00f3n de Carolina del Norte.<\/p>\n
Un estudio de la Universidad del Sur de Florida, basado en 466 inmigrantes, indic\u00f3 que el 52% manifest\u00f3 dudas o evit\u00f3 acudir a centros m\u00e9dicos por miedo a posibles consecuencias migratorias derivadas de la recopilaci\u00f3n de datos. Los participantes proced\u00edan de 31 pa\u00edses diferentes, hab\u00edan vivido en EE.UU. durante un promedio de 17 a\u00f1os e inclu\u00edan tanto a indocumentados como a residentes legales y ciudadanos.<\/p>\n
El impacto tambi\u00e9n alcanz\u00f3 a familias con miembros nacidos en el pa\u00eds norteamericano. Diversas organizaciones se\u00f1alaron que algunos padres decidieron no inscribir a sus hijos en Medicaid para evitar exponer informaci\u00f3n de otros miembros del hogar.<\/p>\n
\u201cCuando se implementan pol\u00edticas dirigidas a un inmigrante, uno puede pensar que solo se est\u00e1 atacando a esa persona en particular, pero en realidad es una bomba imprecisa que acaba con toda la familia\u201d, asegur\u00f3 Leonardo Cuello, investigador del Centro para Ni\u00f1os y Familias de la Universidad de Georgetown.<\/p>\n
Medicaid es un sistema de cobertura m\u00e9dica financiado por el gobierno federal y los estados para aquellos con bajos ingresos, embarazadas, adultos mayores, ni\u00f1os y personas con discapacidad. M\u00e1s de 75 millones de personas estaban inscritas en Medicaid o en el Children\u2019s Health Insurance Program (CHIP).<\/p>\n
La legislaci\u00f3n federal impide que inmigrantes sin autorizaci\u00f3n legal reciban cobertura completa de Medicaid. Sin embargo, existen categor\u00edas migratorias que s\u00ed pueden acceder al beneficio si cumplen requisitos econ\u00f3micos y administrativos establecidos por cada estado.<\/p>\n
Entre los grupos habilitados aparecen residentes permanentes con green card, refugiados, asilados y personas con permisos humanitarios. Tambi\u00e9n pueden calificar mujeres embarazadas y menores con presencia legal en el pa\u00eds norteamericano, seg\u00fan las reglas locales.<\/p>\n
Las demandas judiciales impulsadas por estados dem\u00f3cratas buscan limitar el acceso de autoridades migratorias a informaci\u00f3n de salud. Uno de los planteos centrales apunta a impedir que los datos personales sean utilizados para rastrear o identificar personas.<\/p>\n
En un litigio presentado en California, 21 estados intentan bloquear el intercambio de datos entre agencias sanitarias y el DHS. Sin embargo, seg\u00fan lo retomado por CBS News, las decisiones judiciales recientes permitieron compartir informaci\u00f3n administrativa limitada \u2014como estatus migratorio, direcci\u00f3n, tel\u00e9fono, fecha de nacimiento y n\u00famero de Medicaid\u2014, pero no historiales m\u00e9dicos ni datos de ciudadanos o residentes legales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tanto Texas como Florida aplicaron disposiciones vinculadas al uso de datos de salud de personas migrantes en hospitales y programas p\u00fablicos. Las medidas forman parte de una pol\u00edtica impulsada en distintos estados gobernados por republicanos para reforzar el control migratorio mediante organismos estatales. En Florida, la ley SB 1718, promulgada en 2023 por el gobernador Ron DeSantis, exige a los hospitales que reciben fondos de Medicaid incluir preguntas sobre situaci\u00f3n migratoria en formularios de admisi\u00f3n y registro de pacientes. Texas adopt\u00f3 una medida similar en 2024 mediante una orden ejecutiva firmada por el gobernador Greg Abbott. La disposici\u00f3n incorpor\u00f3 controles relacionados con el estatus legal de personas atendidas dentro del sistema hospitalario estatal. Un reciente art\u00edculo de CBS News inform\u00f3 que ya son varios los estados gobernados por republicanos que ampl\u00edan la cooperaci\u00f3n entre agencias de salud p\u00fablica y autoridades federales. La administraci\u00f3n federal habilit\u00f3 mecanismos para que la informaci\u00f3n vinculada a beneficiarios pueda ser compartida con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingl\u00e9s) y otras agencias relacionadas con las deportaciones. Adem\u00e1s de Florida y Texas, estados como Carolina del Norte, Indiana, Luisiana, Montana y Wyoming aprobaron normas que obligan a departamentos estatales de salud a …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6433,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-6432","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n