Una demanda colectiva (class action) presentada en mayo de 2026 pretende impedir que autoridades locales de Texas apliquen la ley SB 4, que permite detener y disponer el retorno de migrantes indocumentados hasta la frontera bajo \u00f3rdenes emitidas por jueces estatales. La querella argumenta que esta regulaci\u00f3n entra en contradicci\u00f3n con las facultades federales en materia migratoria y que, por lo tanto, contraviene la Constituci\u00f3n de Estados Unidos.<\/p>\n
La demanda fue presentada por la Uni\u00f3n Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingl\u00e9s) en representaci\u00f3n de personas afectadas y organizaciones defensoras de derechos civiles, de acuerdo con Reuters.<\/p>\n
El documento judicial se\u00f1ala que la normativa estatal permite a fuerzas de seguridad locales detener a individuos sospechosos de ingresar sin autorizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, jueces locales pueden emitir \u00f3rdenes que obligan a personas extranjeras a abandonar el estado bajo custodia y ser trasladadas a la frontera, lo que tradicionalmente corresponde a tribunales federales de inmigraci\u00f3n. Por otro lado, la ley SB 4 tambi\u00e9n incluye sanciones penales por reingreso.<\/p>\n
Los demandantes consideran que aplicar la normativa a nivel estatal puede derivar en detenciones prolongadas sin supervisi\u00f3n federal adecuada. La querella se basa en el principio de supremac\u00eda federal. Este establece que las leyes nacionales prevalecen sobre las estatales en \u00e1reas asignadas al gobierno federal.<\/p>\n
Seg\u00fan la Constituci\u00f3n de Estados Unidos, el control migratorio es una atribuci\u00f3n exclusiva del gobierno federal, lo que ha sido respaldado por m\u00faltiples fallos de la Corte Suprema.<\/p>\n
En consecuencia, los demandantes citan precedentes judiciales donde tribunales han limitado la intervenci\u00f3n estatal en temas migratorios. Tal es el caso de Arizona v. United States de 2012, en el que la Corte Suprema invalid\u00f3 partes de una ley estatal similar.<\/p>\n
Especialistas en derecho migratorio citados por Reuters han se\u00f1alado que la coexistencia de sistemas estatales y federales podr\u00eda generar incertidumbre jur\u00eddica. Los migrantes enfrentar\u00edan procesos distintos seg\u00fan la autoridad que intervenga.<\/p>\n
La demanda busca evitar este escenario mediante la suspensi\u00f3n inmediata de la normativa. El tribunal federal deber\u00e1 evaluar si concede una medida cautelar en las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n
Cabe recalcar que la querella se present\u00f3 porque el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. anul\u00f3 el 24 de abril de este a\u00f1o una orden judicial previa emitida por un tribunal federal durante la administraci\u00f3n del expresidente dem\u00f3crata Joe Biden. La orden bloqueaba la aplicaci\u00f3n de la ley estatal temporalmente.<\/p>\n
Por otro lado, la anulaci\u00f3n del bloqueo de la normativa no abord\u00f3 su constitucionalidad, seg\u00fan Reuters. Se anul\u00f3 con el argumento de que las organizaciones que presentaron la demanda \u201ccarec\u00edan de legitimaci\u00f3n para continuar con su caso\u201d. As\u00ed, los demandantes insisten en que el verdadero problema es su inconstitucionalidad.<\/p>\n
La nueva demanda busca corregir ese defecto procesal, afirm\u00f3 Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. \u201cTodos los tribunales que han examinado el fondo de leyes como la SB 4 las han declarado inconstitucionales. La SB 4 es cruel e ilegal, y seguiremos luchando contra ella hasta que sea derogada definitivamente\u201d, precis\u00f3 el integrante de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Una demanda colectiva (class action) presentada en mayo de 2026 pretende impedir que autoridades locales de Texas apliquen la ley SB 4, que permite detener y disponer el retorno de migrantes indocumentados hasta la frontera bajo \u00f3rdenes emitidas por jueces estatales. La querella argumenta que esta regulaci\u00f3n entra en contradicci\u00f3n con las facultades federales en materia migratoria y que, por lo tanto, contraviene la Constituci\u00f3n de Estados Unidos. La demanda fue presentada por la Uni\u00f3n Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingl\u00e9s) en representaci\u00f3n de personas afectadas y organizaciones defensoras de derechos civiles, de acuerdo con Reuters. El documento judicial se\u00f1ala que la normativa estatal permite a fuerzas de seguridad locales detener a individuos sospechosos de ingresar sin autorizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, jueces locales pueden emitir \u00f3rdenes que obligan a personas extranjeras a abandonar el estado bajo custodia y ser trasladadas a la frontera, lo que tradicionalmente corresponde a tribunales federales de inmigraci\u00f3n. Por otro lado, la ley SB 4 tambi\u00e9n incluye sanciones penales por reingreso. Los demandantes consideran que aplicar la normativa a nivel estatal puede derivar en detenciones prolongadas sin supervisi\u00f3n federal adecuada. La querella se basa en el principio de supremac\u00eda federal. Este establece que …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6156,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-6155","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n