El Concejo Municipal de Escondido discutir\u00e1 el mi\u00e9rcoles un acuerdo que permite a los oficiales de ICE compartir su campo de tiro policial, mientras los cr\u00edticos exigen que la ciudad cancele el contrato en medio de agresivas redadas de inmigraci\u00f3n.<\/p>\n
La polic\u00eda de Escondido realiza su propio entrenamiento en su campo de tiro en Valley Center Road y tambi\u00e9n lo alquila a otras agencias. Han brindado acceso al Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) durante m\u00e1s de una d\u00e9cada y lo formalizaron mediante un contrato con vigencia hasta 2024, seg\u00fan el capit\u00e1n de polic\u00eda Erik Witholt.<\/p>\n
El contrato de $67,500 cubre tres a\u00f1os a un costo de $22,500 anuales, y permite hasta 200 agentes por hasta 20 d\u00edas a lo largo del a\u00f1o.<\/p>\n
\u201cTienen el derecho exclusivo de usar el campo de tiro en las fechas que propusieron\u201d, dijo Witholt. \u201cSuben all\u00ed, realizan su entrenamiento por su cuenta. Nosotros no los entrenamos, no entrenamos con ellos, y ellos se van al terminar el d\u00eda\u201d.<\/p>\n
Los activistas locales han protestado contra el acuerdo y m\u00e1s de 2,500 personas firmaron una petici\u00f3n pidiendo a los l\u00edderes de la ciudad que lo revoquen.<\/p>\n
\u201cSeguir proporcionando recursos de formaci\u00f3n policial local a las agencias federales plantea serias preocupaciones sobre la confianza p\u00fablica, la rendici\u00f3n de cuentas y el uso adecuado de las instalaciones de la ciudad\u201d, afirma la petici\u00f3n.<\/p>\n
La disputa tambi\u00e9n ha generado una oposici\u00f3n inusual por parte de otros l\u00edderes electos. El lunes, 33 funcionarios locales enviaron una carta solicitando a Escondido la cancelaci\u00f3n del contrato. El asamble\u00edsta dem\u00f3crata David \u00c1lvarez, tres supervisores del condado de San Diego, concejales de San Diego, Oceanside, Vista, Carlsbad, Chula Vista y San Juan Capistrano, y numerosos miembros de la junta escolar, argumentaron que la colaboraci\u00f3n con ICE tiene \u201cconsecuencias perjudiciales que trascienden los l\u00edmites de la ciudad\u201d.<\/p>\n
\u201cContratar a una agencia que opera sin respetar la constituci\u00f3n no se alinea con los valores fundamentales de Escondido\u201d, escribieron.<\/p>\n
La reacci\u00f3n contra el contrato refleja el conflicto sobre la actividad del ICE en las comunidades californianas y las dispares maneras en que los gobiernos locales responden a las medidas represivas contra la inmigraci\u00f3n y las leyes estatales de santuario. California restringe dicha coordinaci\u00f3n mediante la Ley de Valores de California , pero algunas ciudades y condados est\u00e1n implementando l\u00edmites m\u00e1s estrictos, mientras que otros est\u00e1n ayudando al ICE dentro de los l\u00edmites de la ley estatal.<\/p>\n
La sheriff del condado de San Diego, Kelly Mart\u00ednez, afirm\u00f3 que respetar\u00e1 la ley estatal, pero no las restricciones locales adicionales impuestas por la Junta de Supervisores del Condado. La ciudad de El Caj\u00f3n aprob\u00f3 una resoluci\u00f3n proclamando que no es ciudad santuario, mientras que otras ciudades de San Diego establecieron nuevas protecciones para los inmigrantes en medio de la campa\u00f1a federal de deportaciones masivas. La polic\u00eda del campus de UC San Diego ha colaborado con el Departamento de Seguridad Nacional en el patrullaje fronterizo.<\/p>\n
Mientras los legisladores estatales dem\u00f3cratas proponen proyectos de ley para endurecer las pol\u00edticas de santuario ,gravando a las empresas de detenci\u00f3n privadas, prohibiendo a los agentes del orden trabajar como agentes federales y frenando los arrestos en los tribunales, algunos funcionarios municipales conservadores est\u00e1n contraatacando.<\/p>\n
El campo de tiro de Escondido es uno de los pocos en el condado de San Diego, y el departamento de polic\u00eda lo alquila alrededor de 200 d\u00edas al a\u00f1o a agencias que incluyen la Polic\u00eda del Puerto, la Polic\u00eda de Carlsbad, agencias estatales de California y el Servicio de Impuestos Internos, dijo Witholt.<\/p>\n
Los oficiales de ICE comenzaron a utilizar el campo de tiro en 2014 y luego oficializaron su presencia con un contrato formal en 2024, que permite a ICE usar el campo de tiro durante medio d\u00eda o d\u00eda completo, y brinda instalaciones b\u00e1sicas que incluyen un campo de tiro con rifle, un campo de tiro con pistola, almacenamiento de equipos y un aula.<\/p>\n
\u201cNo hay agua corriente ni electricidad en tierra\u201d, dijo Witholt. \u201cUsamos un generador y tenemos ba\u00f1os port\u00e1tiles, as\u00ed que es una instalaci\u00f3n bastante rudimentaria. Traen sus propias armas de fuego, blancos y personal. Nosotros ponemos el terreno y ellos se encargan de todo lo dem\u00e1s\u201d.<\/p>\n
CalMatters solicit\u00f3 registros del uso de la instalaci\u00f3n por parte de ICE desde 2014, pero la ciudad no los ha proporcionado.<\/p>\n
Escondido tiene un historial de colaboraci\u00f3n con ICE; a principios de la d\u00e9cada de 2000, la ciudad mantuvo una colaboraci\u00f3n con la agencia para realizar controles conjuntos de DUI que tambi\u00e9n serv\u00edan como puntos de control migratorio. Los cr\u00edticos denunciaron el programa, argumentando que desalentaba la cooperaci\u00f3n entre la polic\u00eda local y las comunidades inmigrantes en esta ciudad de mayor\u00eda latina.<\/p>\n
En San Diego y otras zonas del sur de California, otros gobiernos locales han tomado diferentes caminos para abordar la ley californiana de 2017 que limita dicha coordinaci\u00f3n. Esta ley proh\u00edbe a las fuerzas del orden preguntar sobre el estatus migratorio, arrestar a personas \u00fanicamente por infracciones migratorias o compartir informaci\u00f3n personal con el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza.<\/p>\n
Varios casos de la Corte Suprema que datan del siglo XIX establecieron que la aplicaci\u00f3n de las leyes de inmigraci\u00f3n es un deber exclusivo del gobierno federal, y otros precedentes judiciales limitan a las agencias locales o estatales la ejecuci\u00f3n de las \u00f3rdenes de detenci\u00f3n de inmigrantes.<\/p>\n
En 2024, el condado de San Diego dio un paso m\u00e1s con una resoluci\u00f3n que proh\u00edbe a los funcionarios del condado colaborar con el ICE , permitir que los agentes de inmigraci\u00f3n accedan a los reclusos o avisar al ICE sobre la liberaci\u00f3n de un inmigrante, a menos que haya sido condenado por delitos graves. El mes pasado , aprob\u00f3 otra resoluci\u00f3n que proh\u00edbe a los agentes de inmigraci\u00f3n acceder a las propiedades del condado sin una orden judicial.<\/p>\n
La presidenta de la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer, dem\u00f3crata, dijo que la protecci\u00f3n es necesaria para garantizar que las personas puedan utilizar los servicios del condado sin temor a ser arrestadas.<\/p>\n
\u201c\u00bfC\u00f3mo garantizamos que las personas se sientan seguras al acceder a los servicios sociales?\u201d, pregunt\u00f3. \u201cLa gente viene porque necesita comida, porque necesita atenci\u00f3n m\u00e9dica\u201d.<\/p>\n
Algunos funcionarios consideran que esto es ir demasiado lejos. La ley estatal de santuarios permite, pero no exige, que las fuerzas del orden locales comuniquen la liberaci\u00f3n de delincuentes violentos con delitos migratorios. En una declaraci\u00f3n a CalMatters, la sheriff Kelly Martinez afirm\u00f3 que respeta las limitaciones estatales en la coordinaci\u00f3n con los funcionarios de inmigraci\u00f3n, pero s\u00ed comparte informaci\u00f3n sobre inmigrantes indocumentados con condenas por delitos graves, violentos o sexuales.<\/p>\n
\u201cComo sheriff del condado de San Diego, mi prioridad principal es proteger la seguridad y el bienestar de todos los residentes de nuestra diversa regi\u00f3n\u201d, declar\u00f3. \u201cProteger los derechos de los inmigrantes indocumentados es crucial. Tambi\u00e9n estoy sumamente concentrada en asegurar que las v\u00edctimas de delitos no sean ignoradas ni desatendidas en el proceso\u201d.<\/p>\n
Las agencias de noticias locales han informado que Mart\u00ednez podr\u00eda estar violando las pol\u00edticas de santuario estatales y del condado al transferir indebidamente a reclusos a ICE. Mart\u00ednez argument\u00f3 que es ella, y no los supervisores, quien determina c\u00f3mo el Departamento del Sheriff aplica la ley estatal.<\/p>\n
\u201cLa Junta de Supervisores del Condado de San Diego no establece las pol\u00edticas de la Oficina del Sheriff\u201d, declar\u00f3 Mart\u00ednez en el comunicado. \u201cEl sheriff, como funcionario electo de forma independiente, establece las pol\u00edticas de la oficina del sheriff\u201d.<\/p>\n
Algunos gobiernos locales se muestran molestos por las restricciones estatales y han aprobado resoluciones declarando su desacuerdo.<\/p>\n
En una votaci\u00f3n dividida en febrero de 2025, el Ayuntamiento de El Caj\u00f3n aprob\u00f3 una medida que afirma que El Caj\u00f3n no es una \u201cciudad santuario\u201d y reafirma su compromiso de cumplir con la ley federal de inmigraci\u00f3n. El alcalde republicano Bill Wells afirm\u00f3 que la ciudad no desafiar\u00e1 la ley estatal que limita la coordinaci\u00f3n con las agencias de inmigraci\u00f3n, pero los concejales expresaron su oposici\u00f3n.<\/p>\n
\u201cNo vamos a infringir la ley\u201d, dijo. \u201cSin embargo, aprobamos una resoluci\u00f3n que declara que era la voluntad de los habitantes de El Caj\u00f3n cooperar con el ICE\u201d.<\/p>\n
Wells dijo que tambi\u00e9n quer\u00eda brindar apoyo a los desaf\u00edos contra la ley de California y espera que la Corte Suprema la revoque.<\/p>\n
\u201cEstamos indicando que cuando eso suceda estaremos m\u00e1s que felices de coordinarnos con el gobierno federal\u201d, dijo.<\/p>\n
Los cr\u00edticos de la pol\u00edtica de El Caj\u00f3n la denunciaron como alarmista y afirmaron que utilizaba preocupaciones de seguridad p\u00fablica para justificar prejuicios antiinmigrantes. Wells \u201cutiliz\u00f3 una narrativa de seguridad p\u00fablica para enga\u00f1ar al p\u00fablico sobre la ley estatal de santuario\u201d, escribi\u00f3 Pedro R\u00edos, director del Programa Fronterizo entre Estados Unidos y M\u00e9xico del Comit\u00e9 de Servicio de Amigos Americanos, en un art\u00edculo de opini\u00f3n para CalMatters.<\/p>\n
Otros funcionarios del sur de California se han opuesto a la ley santuario de California. El Ayuntamiento de Huntington Beach perdi\u00f3 dos recursos judiciales contra ella , incluyendo uno interpuesto conjuntamente con el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, candidato republicano a gobernador.<\/p>\n
Mientras tanto, otras ciudades de San Diego han impuesto barreras entre la polic\u00eda local y los agentes de inmigraci\u00f3n. En noviembre, Chula Vista aprob\u00f3 una pol\u00edtica para informar a los inmigrantes sobre sus derechos, prohibir el acceso de agentes federales a \u00e1reas p\u00fablicas sin orden judicial e impedir que los contratistas municipales revelen el estatus migratorio de sus empleados. En febrero, conden\u00f3 las medidas federales de inmigraci\u00f3n tras los asesinatos de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti en Minnesota. En septiembre, Oceanside orden\u00f3 al personal municipal no colaborar con la aplicaci\u00f3n de la ley migratoria, y en octubre, el Ayuntamiento de San Diego vot\u00f3 a favor de prohibir a la polic\u00eda de San Diego colaborar con el ICE.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Concejo Municipal de Escondido discutir\u00e1 el mi\u00e9rcoles un acuerdo que permite a los oficiales de ICE compartir su campo de tiro policial, mientras los cr\u00edticos exigen que la ciudad cancele el contrato en medio de agresivas redadas de inmigraci\u00f3n. La polic\u00eda de Escondido realiza su propio entrenamiento en su campo de tiro en Valley Center Road y tambi\u00e9n lo alquila a otras agencias. Han brindado acceso al Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) durante m\u00e1s de una d\u00e9cada y lo formalizaron mediante un contrato con vigencia hasta 2024, seg\u00fan el capit\u00e1n de polic\u00eda Erik Witholt. El contrato de $67,500 cubre tres a\u00f1os a un costo de $22,500 anuales, y permite hasta 200 agentes por hasta 20 d\u00edas a lo largo del a\u00f1o. \u201cTienen el derecho exclusivo de usar el campo de tiro en las fechas que propusieron\u201d, dijo Witholt. \u201cSuben all\u00ed, realizan su entrenamiento por su cuenta. Nosotros no los entrenamos, no entrenamos con ellos, y ellos se van al terminar el d\u00eda\u201d. Los activistas locales han protestado contra el acuerdo y m\u00e1s de 2,500 personas firmaron una petici\u00f3n pidiendo a los l\u00edderes de la ciudad que lo revoquen. \u201cSeguir proporcionando recursos de formaci\u00f3n policial local a …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5076,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-5075","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"acf":[],"yoast_head":"\n