ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) \u2014 El pr\u00f3ximo censo de Estados Unidos est\u00e1 a cuatro a\u00f1os de distancia, pero dos demandas que se est\u00e1n desarrollando este a\u00f1o podr\u00edan afectar c\u00f3mo se lleva a cabo y qui\u00e9n ser\u00e1 contado.<\/p>\n
Aliados del presidente Donald Trump est\u00e1n detr\u00e1s de las demandas federales que desaf\u00edan varios aspectos del conteo que realiza cada d\u00e9cada la Oficina del Censo, el cual se utiliza para determinar la representaci\u00f3n en el Congreso y cu\u00e1nta ayuda federal llega a los estados.<\/p>\n
Los desaf\u00edos se alinean con partes de la agenda de Trump, incluso cuando la administraci\u00f3n republicana debe defender a la agencia en la corte.<\/p>\n
Un bufete de abogados dem\u00f3crata est\u00e1 representando los esfuerzos para intervenir en ambos casos debido a preocupaciones sobre si el Departamento de Justicia defender\u00e1 vigorosamente a la oficina. Hasta ahora, no ha habido indicios de que los abogados del gobierno est\u00e9n actuando de otra manera, y los abogados del departamento han solicitado que uno de los casos sea desestimado.<\/p>\n
Mientras las acciones legales avanzan en los tribunales, la Oficina del Censo est\u00e1 avanzando con su planificaci\u00f3n para el conteo 2030 y tiene la intenci\u00f3n de realizar pruebas en seis ubicaciones este a\u00f1o.<\/p>\n
America First Legal, cofundada por Stephen Miller, subjefe de despacho de Trump, lidera una de las demandas, presentada en Florida. Esta impugna los m\u00e9todos que la oficina ha utilizado para proteger la privacidad de los participantes y para garantizar que las personas en instalaciones de vida grupal, como dormitorios y hogares de ancianos, sean contadas.<\/p>\n
La intenci\u00f3n de la demanda es evitar que esos m\u00e9todos se utilicen en el censo de 2030 y que se revisen las cifras de 2020.<\/p>\n
\u201cEste caso trata de detener m\u00e9todos ilegales que socavan la representaci\u00f3n equitativa y asegurar que el pr\u00f3ximo censo cumpla con la Constituci\u00f3n\u201d, dijo en un comunicado Gene Hamilton, presidente de America First Legal.<\/p>\n
La otra demanda fue presentada en un tribunal federal en Luisiana por cuatro fiscales generales estatales republicanos y la Federaci\u00f3n para la Reforma de la Inmigraci\u00f3n Estadounidense, que se opone a la inmigraci\u00f3n ilegal y apoya la reducci\u00f3n de la inmigraci\u00f3n legal. La demanda busca excluir a las personas que est\u00e1n en Estados Unidos ilegalmente de ser contadas en los n\u00fameros para la redistribuci\u00f3n de distritos congresionales.<\/p>\n
En ambos casos, grupos externos representados por el Elias Law Group, alineado con los dem\u00f3cratas, han buscado intervenir debido a preocupaciones de que el Departamento de Justicia pueda llegar a acuerdos amistosos con los impugnadores.<\/p>\n
En el caso de Florida, un juez permiti\u00f3 que una asociaci\u00f3n de jubilados y dos estudiantes universitarios se unieran a la defensa como intervinientes. Los abogados del Departamento de Justicia han solicitado que el caso sea desestimado.<\/p>\n
En la demanda de Luisiana, los abogados del gobierno dijeron que tres cap\u00edtulos de la Liga de Mujeres Votantes y el condado Santa Clara en California no hab\u00edan mostrado ninguna prueba de que los abogados del departamento har\u00edan algo diferente a defender en\u00e9rgicamente a la Oficina del Censo. Un juez a\u00fan no ha dictaminado sobre su solicitud para unirse al caso.<\/p>\n
Blake McCarren, portavoz del Elias Law Group, se refiri\u00f3 en un correo electr\u00f3nico a su moci\u00f3n para desestimar el caso de Florida, advirtiendo sobre \u201cun efecto innecesariamente ca\u00f3tico y disruptivo sobre el proceso electoral\u201d si el grupo legal conservador prevaleciera y los 50 estados tuvieran que redibujar sus distritos pol\u00edticos.<\/p>\n
Los objetivos de las demandas, particularmente el caso de Luisiana, se alinean con partes centrales de la agenda de Trump, aunque el censo de 2030 se llevar\u00e1 a cabo con otro presidente porque su segundo mandato termina en enero de 2029.<\/p>\n
Durante su primer mandato, para el censo de 2020, Trump intent\u00f3 evitar que aquellos que estaban en Estados Unidos ilegalmente fueran utilizados en los n\u00fameros de distribuci\u00f3n, que determinan cu\u00e1ntos representantes congresionales y votos del Colegio Electoral recibe cada estado. Tambi\u00e9n busc\u00f3 que los datos de ciudadan\u00eda se recopilaran a trav\u00e9s de registros administrativos.<\/p>\n
Un experto republicano en redistribuci\u00f3n hab\u00eda escrito que usar solo la poblaci\u00f3n en edad de votar, en lugar de la poblaci\u00f3n total, para el prop\u00f3sito de redibujar distritos legislativos podr\u00eda ser ventajoso para los republicanos y los blancos no hispanos.<\/p>\n
Ambas \u00f3rdenes de Trump fueron rescindidas cuando el dem\u00f3crata Joe Biden lleg\u00f3 a la Casa Blanca en enero de 2021, antes de que la Oficina del Censo publicara las cifras del censo de 2020. La primera administraci\u00f3n Trump tambi\u00e9n intent\u00f3 agregar una pregunta de ciudadan\u00eda al cuestionario del censo de 2020, una acci\u00f3n que fue bloqueada por la Corte Suprema de Estados Unidos.<\/p>\n
En agosto, Trump instruy\u00f3 al Departamento de Comercio para cambiar la forma en que la Oficina del Censo recopila datos, buscando excluir a los inmigrantes que est\u00e1n en el pa\u00eds sin permiso legal. Ni los funcionarios de la Casa Blanca ni el Departamento de Comercio, que supervisa la Oficina del Censo, explicaron qu\u00e9 acciones se estaban tomando en respuesta a la publicaci\u00f3n en redes sociales del presidente.<\/p>\n
Los republicanos en el Congreso han introducido legislaci\u00f3n para excluir a los no ciudadanos del proceso de distribuci\u00f3n. Eso podr\u00eda reducir el conteo en ambos estados, rojos y azules, porque los estados con m\u00e1s personas en Estados Unidos ilegalmente incluyen California, Texas, Florida y Nueva York, seg\u00fan el Centro de Investigaci\u00f3n Pew.<\/p>\n
La 14\u00aa Enmienda de la Constituci\u00f3n dice que \u201cel n\u00famero total de personas en cada estado\u201d debe contarse para los n\u00fameros utilizados para la distribuci\u00f3n. Los n\u00fameros tambi\u00e9n gu\u00edan la distribuci\u00f3n de 2,8 billones de d\u00f3lares en fondos federales a los estados para carreteras, atenci\u00f3n m\u00e9dica y otros programas.<\/p>\n
La demanda de Luisiana fue presentada al final de la administraci\u00f3n Biden y en marzo se paus\u00f3 a solicitud del Departamento de Comercio. Los abogados del Departamento de Justicia que representan a la agencia del gabinete dijeron que necesitaban tiempo para considerar la posici\u00f3n del nuevo liderazgo en la segunda administraci\u00f3n de Trump. Los fiscales generales estatales en diciembre pidieron que se levantara esa suspensi\u00f3n.<\/p>\n
En el expediente judicial no hay nada hasta ahora que sugiera que esos abogados del gobierno hayan hecho algo para socavar la defensa de la Oficina del Censo en ambos casos, a pesar de las preocupaciones de los intervinientes.<\/p>\n
En el caso de Luisiana, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron en contra de levantar la suspensi\u00f3n, diciendo que la Oficina del Censo estaba en medio de la planificaci\u00f3n para el conteo de 2030: \u201cEn esta etapa de tales preparativos, levantar la suspensi\u00f3n no es apropiado\u201d.<\/p>\n
Mike Schneider est\u00e1 en Bluesky como @mikeysid.bsky.social<\/p>\n
Esta historia fue traducida del ingl\u00e9s por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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