DOMINGA.\u2013 Mario Alfonso Cu\u00e9llar era el jefe de las operaciones para cruzar la droga de\u00a0Los Zetas\u00a0 por la ciudad fronteriza de Piedras Negras. \u00c9l mismo revel\u00f3 los sobornos que pagaban los capos para obtener impunidad. Lo hizo en un juicio en Austin, Texas \u2013en abril de 2013\u2013, en contra de Jos\u00e9 Trevi\u00f1o Morales, quien lavaba sus ganancias en Estados Unidos comprando caballos de carreras Cuarto de Milla.<\/p>\n
En el expediente estadounidense puede leerse que el fiscal, Douglas W. Gardner, interrog\u00f3 a Poncho\u00a0Cu\u00e9llar, entonces de 46 a\u00f1os, y le solicit\u00f3 explicar a los miembros del jurado qu\u00e9 implicaba una \u201cplaza\u201d para el crimen organizado en M\u00e9xico.<\/p>\n
Parte de esas ganancias se destinaron a sobornar a las autoridades locales, federales y militares. La\u00a0masacre de Allende,\u00a0 la tragedia criminal m\u00e1s atroz del M\u00e9xico contempor\u00e1neo, se mantuvo oculta casi durante dos a\u00f1os gracias a los sobornos que pagaban Los Zetas. El total de v\u00edctimas que secuestraron, mataron o desaparecieron en el norte de Coahuila suman alrededor de 300, seg\u00fan los testimonios de los familiares. Cuando los cr\u00edmenes fueron denunciados por las familias, la respuesta del Estado fue tard\u00eda y deficiente.<\/p>\n
A m\u00e1s de 14 a\u00f1os de distancia, las familias de las v\u00edctimas siguen sin acceder a la justicia ni a la reparaci\u00f3n integral que les prometi\u00f3 el Estado. No se ha pagado un s\u00f3lo peso de reparaci\u00f3n, ni se ha restituido ninguna propiedad, lo que ha dejado a las familias de Allende y Piedras Negras, y otros municipios afectados por Los Zetas, sumidas en la misma impunidad.<\/p>\n
La tragedia que sufri\u00f3 Allende comenz\u00f3 el 18 de marzo de 2011, cuando unos 200 pistoleros irrumpieron en el municipio coahuilense y comunidades vecinas. Los siguientes hechos fueron contados por miembros y colaboradores de Los Zetas en el juicio celebrado en Austin. Cu\u00e9llar y otros acudieron como testigos de la fiscal\u00eda para declarar en contra Jos\u00e9 Trevi\u00f1o Morales, quien era el hermano mayor de Miguel \u00c1ngel y Omar, Z40 y Z42 respectivamente.<\/p>\n
Los testimonios precisaron que los Zetas llegaron a Coahuila a finales de 2005 como avanzada del Cartel del Golfo para tomar Piedras Negras, donde operaban varios peque\u00f1os grupos de narcotraficantes que no formaban parte de ning\u00fan c\u00e1rtel.<\/p>\n
En esa estrat\u00e9gica ciudad reclutaron a varios narcotraficantes que actuaban por su cuenta. Entre ellos, Alfonso Cu\u00e9llar y otros tres\u00a0narcojuniors\u00a0miembros de pudientes familias de Allende: H\u00e9ctor Moreno Villanueva, alias El Negro, Jos\u00e9 Luis Garza Gayt\u00e1n Guichina y a su amigo Jos\u00e9 V\u00e1zquez El Diablo, quien operaba en Dallas, Texas, para desde ah\u00ed distribuir la droga a toda la Uni\u00f3n Americana.<\/p>\n
A esos cuatro narcos independientes los hermanos Trevi\u00f1o Morales los pusieron a cargo de sus operaciones de narcotr\u00e1fico. Cuando los Zetas se separan del C\u00e1rtel del Golfo y conforman su propio c\u00e1rtel, en 2010, los l\u00edderes Z40 y Z42 se fueron a esconder a Allende, un peque\u00f1o poblado que en esa \u00e9poca contaba con 22 mil habitantes. Desde esa regi\u00f3n coordinaban sus operaciones de contrabando de coca\u00edna y marihuana hacia Estados Unidos, la cual cruzaban a trav\u00e9s de los puentes internacionales de Piedras Negras. La droga se cargaba en tr\u00e1ilers de 18 ruedas, propiedad de familiares de H\u00e9ctor Moreno El Negro.<\/p>\n
La eficiencia de Jos\u00e9 Vazquez para vender la droga a todo tipo de pandillas en Estados Unidos le permiti\u00f3 a Los Zetas contrabandear en promedio unos 500 kilos de coca\u00edna por mes y otra cantidad similar de marihuana. La confesi\u00f3n de Jos\u00e9 V\u00e1zquez El Diablo\u00a0en el juicio de Austin, y de los otros capos, destac\u00f3 que durante los casi tres a\u00f1os que estuvieron operando obtuvieron ganancias por alrededor de mil millones de d\u00f3lares que fueron directo a los bolsillos de Los Zetas.<\/p>\n
Los testimonios de Cu\u00e9llar, Moreno y V\u00e1zquez se\u00f1alaron que la DEA ubic\u00f3 a El Diablo\u00a0como cabeza de distribuci\u00f3n de la organizaci\u00f3n en Estados Unidos. Cuando percibi\u00f3 que lo vigilaban huy\u00f3 tambi\u00e9n a Allende pero su familia se qued\u00f3 en Dallas, Texas. La agencia antinarc\u00f3ticos lo pudo ubicar y le solicit\u00f3 que, a cambio de no meter a su familia a prisi\u00f3n, colaborara y entregara los n\u00fameros de celulares de los principales l\u00edderes: Miguel \u00c1ngel, su hermano Omar, as\u00ed como el de Heriberto Lazcano y otros. Jos\u00e9 V\u00e1zquez discuti\u00f3 con su amigo H\u00e9ctor Moreno la petici\u00f3n de la DEA y acordaron mandarles los n\u00fameros de los m\u00f3viles.<\/p>\n
Cuando la DEA tuvo esa informaci\u00f3n la envi\u00f3 a sus hombres de \u201cconfianza\u201d en M\u00e9xico: la Unidad de Operaciones Sensibles, de la Polic\u00eda Federal, para que los capturaran. Pero, desde esa unidad, se filtr\u00f3 al Z40 que alguien los hab\u00eda traicionado.<\/p>\n
Miguel \u00c1ngel Trevi\u00f1o Morales inmediatamente supuso que entre sus operadores estaban los responsables. As\u00ed que desde febrero de 2011 solt\u00f3 a su jaur\u00eda de sicarios en Piedras Negras, Allende y todo el norte de Coahuila para que los detuvieran. Pero los implicados \u2013Alfonso Cu\u00e9llar, H\u00e9ctor Moreno, Jos\u00e9 Luis Garza Gayt\u00e1n y Jos\u00e9 V\u00e1zquez\u2013 ya hab\u00edan cruzado la frontera. As\u00ed que la venganza de Los Zetas se centr\u00f3 en sus familiares, amigos y trabajadores.<\/p>\n
Las familias que perdieron a sus parientes en la masacre contaron los hechos: al filo de las 17:00 horas del 18 de marzo de 2011 arribaron a Allende 42 camionetas con sicarios, escoltados por cuatro patrullas de la polic\u00eda municipal. Los Zetas manten\u00edan en su n\u00f3mina a 40 polic\u00edas locales.<\/p>\n
Los ayudaron varios de esos polic\u00edas, encabezados por una mujer polic\u00eda, La Lupe, quien se mostr\u00f3 \u201cmuy entusiasmada\u201d para conducir a los sicarios a las residencias de las v\u00edctimas que pretend\u00edan capturar. Debido a que sus \u201cpresas\u201d ya hab\u00edan escapado del pa\u00eds, los pistoleros se centraron en secuestrar a los familiares, amigos, trabajadores de sus empresas y empleados dom\u00e9sticos. Destruyeron casas, incendiaron propiedades hasta dejarlos cascarones.<\/p>\n
La familia Garza Gayt\u00e1n era la m\u00e1s numerosa y la que registr\u00f3 el mayor n\u00famero de muertos y desaparecidos. Ese d\u00eda trasladaron a 80 v\u00edctimas, entre mujeres, ancianos y menores de edad al Rancho Los Garza, a las afueras de Allende, donde seg\u00fan los testimonios de los bomberos mataron y quemaron a sus v\u00edctimas.<\/p>\n
En Piedras Negras, los sicarios capturaron a 40 amigos de Poncho Cu\u00e9llar que fueron asesinados en un predio abandonado, en los l\u00edmites de la ciudad. El operativo para capturar a amigos o familiares de los pr\u00f3fugos, incluy\u00f3 Ciudad Acu\u00f1a, Sabinas, Monclova, Guerrero y Villa Uni\u00f3n. El total de v\u00edctimas que secuestraron, mataron o desaparecieron en todos los poblados del norte de Coahuila suman alrededor de 300, seg\u00fan los testimonios de los familiares.<\/p>\n
El caso de Allende simboliza el fracaso institucional del Estado en materia de verdad y justicia. A m\u00e1s de 14 a\u00f1os de la tragedia en Coahuila, las familias de las v\u00edctimas siguen sin acceder a la justicia ni a la reparaci\u00f3n integral que les prometi\u00f3 el Estado.<\/p>\n
Desde 2019 la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emiti\u00f3 la recomendaci\u00f3n 10VG\/2018 en la que orden\u00f3 a diversas autoridades \u2013entre ellas, el gobierno de Coahuila, la entonces Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, la presidencia municipal de Allende y la Comisi\u00f3n Ejecutiva de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas (CEAV)\u2013 que atendieran de manera integral a las familias. Pero cinco a\u00f1os despu\u00e9s, no se ha pagado un s\u00f3lo peso de reparaci\u00f3n, ni se ha restituido ninguna propiedad.<\/p>\n
Colectivos como Familias Unidas y otros destacaron que esa recomendaci\u00f3n de la CNDH no se ha cumplido, la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o. Seg\u00fan la Ley General de V\u00edctimas, aprobada en el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto, establece que el Estado debe garantizar la reparaci\u00f3n en un plazo razonable y debe incluir: compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, restituci\u00f3n de bienes, atenci\u00f3n psicol\u00f3gica y garant\u00edas de no repetici\u00f3n. Nada de eso se ha cumplido.<\/p>\n
Hoy la burocracia contin\u00faa ganando tiempo para cumplirle a las v\u00edctimas. La CNDH, la CEAV y la hoy Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica se deslindan unas de otras. Y las familias de Allende, Piedras Negras, siguen sumidas en la misma impunidad que se mantiene desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/p>\n
Debido al nulo seguimiento de la propia CNDH, las v\u00edctimas de la Masacre de Allende tuvieron que recurrir a un amparo para que la CEAV cumpla con la reparaci\u00f3n, la cual rechaza alegando que le corresponde al estado de Coahuila, argumento que contrasta con lo que precisa la Ley General de V\u00edctimas.<\/p>\n
Ante la falta de respuesta de las instituciones, el abogado de las v\u00edctimas Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Schmal inform\u00f3 a DOMINGA que presentaron el amparo en diciembre de 2022 y lo ratificaron el 21 de marzo del a\u00f1o siguiente, 2023. Qued\u00f3 registrado bajo el n\u00famero 440\/2023, ante Sandra de Jes\u00fas Z\u00fa\u00f1iga, jueza de Distrito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.<\/p>\n
La jueza Z\u00fa\u00f1iga rechaz\u00f3 incluir en el amparo a la CNDH, pero instruy\u00f3 a la CEAV a rendir un informe sobre el procedimiento en un plazo que ya venci\u00f3. El abogado destac\u00f3 que en agosto de 2024, la jueza fall\u00f3 a favor de las familias y orden\u00f3 ejecutar la reparaci\u00f3n en un plazo de diez d\u00edas. No obstante, la propia Comisi\u00f3n impugn\u00f3 la sentencia, prolongando a\u00fan m\u00e1s el calvario<\/p>\n
El recurso de revisi\u00f3n interpuesto ser\u00eda analizado en segunda instancia por un panel de tres magistrados. Pero con la\u00a0Reforma Judicial,\u00a0ahora los nuevos jueces necesitan nuevos plazos para conocer, revisar y atender el caso de la Masacre de Allende.<\/p>\n
Los colectivos tambi\u00e9n denunciaron que la CNDH, que encabeza Rosario Ibarra, recientemente decret\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica \u201cya cumpli\u00f3\u201d con las recomendaciones que le fueron dirigidas sobre el caso, pese a que contin\u00faa la impunidad de los que perpetraron y protegieron la masacre.<\/p>\n
Colectivos de v\u00edctimas y sus abogados denunciaron que el pasado 17 de septiembre de 2025 la Comisi\u00f3n decret\u00f3 que la hoy Fiscal\u00eda ya \u201ccumpli\u00f3\u201d con las v\u00edctimas y, como consecuencia, acord\u00f3 finalizar \u201cel seguimiento a las recomendaciones que se hicieron a la FGR\u201d, seg\u00fan el Oficio No CNDH\/CGSRAJ\/DSR-6\/7725\/2025.<\/p>\n
El documento oficial se\u00f1ala que la FGR implement\u00f3 las \u201cacciones necesarias\u201d para cumplir con la Recomendaci\u00f3n 10VG\/2018, emitida en 2019, derivada de la investigaci\u00f3n sobre las violaciones graves cometidas en aquellos d\u00edas de marzo de 2011, cuando un comando de Los Zetas arras\u00f3 con decenas de familias, propiedades y vidas en Allende, Piedras Negras y otros municipios del norte de Coahuila.<\/p>\n
La principal recomendaci\u00f3n que orden\u00f3 a la exPGR fue: \u201cabrir carpetas de investigaci\u00f3n\u201d sobre denuncias presentadas por las v\u00edctimas. Adem\u00e1s, que colaborara con los organismos de la propia dependencia para el \u201cseguimiento de quejas\u201d y que agregara copias de sus recomendaciones a los expedientes de las v\u00edctimas.<\/p>\n
El oficio de la CNDH que determin\u00f3 \u201cconcluir el seguimiento\u201d en los hechos equivale a dar por cerrado el expediente en lo que toca al \u00e1mbito federal. Sin embargo, los colectivos de v\u00edctimas y sus abogados advierten que tal resoluci\u00f3n es una simulaci\u00f3n que deja impunes a los responsables institucionales y revictimiza a quienes han esperado m\u00e1s de una d\u00e9cada por justicia.<\/p>\n
Diego Hern\u00e1ndez Romero, investigador del Instituto Mora, colabor\u00f3 en este texto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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