La llegada de más de 50.000 migrantes a Ceuta en los últimos días, que supuso la mayor crisis migratoria de la historia de España, provocó las críticas de la oposición, pero también de varios miembros de la UE y de Donald Trump, que mostraron su preocupación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que las imágenes que llegan desde la ciudad autónoma son «inaceptables» y exigió este viernes «devoluciones rápidas» a Marruecos. El organismo comunitario desplegó a unos 25 agentes de Frontex y se mostró dispuesto a enviar más efectivos si el Gobierno lo requiere, según fuentes de la propia institución.
La compleja situación vivida en Ceuta recientemente representó el gran desafío migratorio desde la entrada en vigor, el pasado 12 de junio, del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Este documento, suscrito por los Estados miembros de la Unión Europea, establece un marco comunitario para reformar el sistema de asilo, el control fronterizo —con identificación estricta y toma de datos biométricos en un plazo máximo de siete días— y la solidaridad entre países.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha suspendido unilateralmente este viernes el tratado Schengen con España —es decir, la libre circulación de ciudadanos—. El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España, una medida que Roma ha defendido como necesaria para «salvaguardar la seguridad nacional» que se aplicará, de forma aleatoria, a los viajeros no europeos que lleguen de España. «El Gobierno ha decidido suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por Schengen en las fronteras marítima y aérea con España, reintroduciendo los controles fronterizos», ha indicado la mandataria italiana, en redes sociales. Ha detallado que «se trata de una medida extraordinaria» adoptada por Roma «para salvaguardar la seguridad nacional» y prevenir «posibles repercusiones» para su país. «La medida se mantendrá vigente solo durante el tiempo necesario, con especial atención a limitar cualquier impacto en los flujos turísticos de verano», ha dicho.
Por otro lado, el ministro italiano ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países.
La Comisión Europea ha recordado este viernes que el Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembro restablecer de forma excepcional y temporal los controles en las fronteras interiores, aunque únicamente como «último recurso» ante una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior y con la obligación de notificar la medida a las instituciones europeas y al resto de socios comunitarios, tras la decisión de Italia de cerrar las conexiones marítimas y aéreas con España por la crisis migratoria en Ceuta.
«Las normas prevén que los Estados miembros puedan reintroducir excepcional y temporalmente controles en las fronteras interiores como último recurso para hacer frente a amenazas graves para el orden público o la seguridad interior», ha señalado un portavoz comunitario, quien ha añadido que, cuando ese riesgo sea «imprevisible» y requiera una actuación inmediata, se podrán aplicar esas medidas.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha asegurado este viernes que la entrada de miles de migrantes por la frontera de Ceuta demuestran que «la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza real para la seguridad de las fronteras de Europa» y ha reiterado que su Ejecutivo no dará «ni un paso atrás» en la lucha contra la inmigración irregular.
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A las críticas de Meloni se han sumado el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y el viceprimer ministro, Matteo Salvini. Tajani ha respaldado la posibilidad de cerrar Schengen con España y ha acusado al Gobierno español de incentivar el tráfico de personas con su política migratoria, mientras que Salvini, conocido por sus posiciones antiinmigración, ha defendido la suspensión del acuerdo para «proteger a los italianos» y ha contrapuesto su actuación al frente de Interior con la de Sánchez.
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Francisco Espiñeira
Las declaraciones de Tajani provocaron la reacción del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien ha convocado en gesto de protesta al embajador italiano en Madrid tras el «demagógico» comentario del canciller transalpino. Un mensaje «impropio» de «un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista», aseveró Albares en X.
Por su parte, la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, ha apoyado las palabras de Meloni: «España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen», escribió Rantanen en la red social X.
En declaraciones al diario Helsingin Sanomat, Rantanen, del partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, señaló que la situación que se vive en la ciudad norteafricana de Ceuta refleja un «fracaso absoluto» de la política migratoria española y calificó de «invasión migratoria» lo ocurrido el jueves.
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El Gobierno francés ha pedido un refuerzo de los controles en los diferentes pasos fronterizos entre Francia y España. El ministro galo del Interior, Laurent Nuñez, ha activado una unidad fronteriza especial para reforzar la supervisión de las personas que crucen en los próximos días la frontera en los Pirineos. «Ante la situación en el enclave de Ceuta, desde ayer por la noche di la orden de reforzar inmediatamente los controles y activé la Fuerza Fronteriza de Intervención para que esos controles sean minuciosos», anunció este viernes por la mañana en la red social X.
El presidente francés, Emmanuel Macron, habló este viernes con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para mostrarle solidaridad por la situación migratoria en Ceuta, proponer ayuda e insistir en el recurso a la agencia europea Frontex de vigilancia de fronteras. En un mensaje en su cuenta de X, Macron se felicitó por «la cooperación en marcha (de España) con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos».
El Gobierno danés achaca la situación a la política migratoria española, muy concretamente a la regularización masiva de inmigrantes. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha expresado reiteradamente su desacuerdo explícito con la regularización española en el Consejo Europeo, donde Dinamarca lidera el bloque partidario de endurecer la política migratoria y lamenta que España vaya «contra corriente».
Frederiksen ha reprochado a Pedro Sánchez que «la regularización española tiene efectos sobre otros países europeos», además de su efecto llamada, y ha recordado que el flujo legal de inmigrantes debe organizarse de manera conjunta entre los Estados miembros, no mediante decisiones unilaterales.
El conservador Partido Popular danés está de acuerdo en este punto con el Gobierno de centro-izquierda. Su líder, Morten Messerschmidt, ha expresado públicamente que España debería ser suspendida del Tratado Schengen por tomar decisiones unilaterales que afectan a la situación migratoria del resto de los socios sin siquiera consultarlos.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este viernes que «España debe tomar ejemplo de Polonia para que sobreviva Schengen y reivindicó las medidas de su país contra la migración ilegal, con un endurecimiento de la ley de asilo y la construcción de barreras en la frontera con Bielorrusia. «España debe tomar ejemplo de nosotros si Schengen debe sobrevivir», escribió Tusk en un mensaje en X.
«Hemos invertido miles de millones de euros y hemos movilizado a miles de soldados, policías y guardias fronterizos», añadió el jefe del Gobierno polaco. Tusk aludía así a la que ha llamado »la frontera más segura de Europa«, entre Polonia y Bielorrusia, levantada después de que en agosto de 2021, el primero de ellos viviera una crisis por la llegada masiva de migrantes ilegales procedentes de territorio bielorruso.
Como consecuencia de esa crisis, Polonia levantó progresivamente un muro de 186 kilómetros de largo y 5,5 metros de altura que, junto a una red de medidas de vigilancia electrónica con cámaras térmicas, sensores drones y túneles, costó alrededor de 353 millones de euros.
La Casa Blanca ha responsabilizado a las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez de la situación y ha avisado de que España corre el riesgo de comprometer su propia supervivencia si no cambia de rumbo.
«El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa sobre las consecuencias de seguir aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva», afirmó Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, en una respuesta enviada a ABC por correo electrónico. «España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar inmediatamente o se arriesgan a su propia desaparición», añadió la portavoz.
El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado en sus redes sociales que se ha puesto en contacto con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para transmitirle la disposición de Bruselas a «aumentar el apoyo a España», incluida la colaboración a través de Frontex para «controlar la situación» en la ciudad autónoma.
«La protección de las fronteras exteriores de la Unión es una parte crucial de nuestros esfuerzos por combatir la migración ilegal», ha destacado el comisario. La envergadura de esta crisis ha llevado a Bruselas a ofrecer apoyo a través de la Agencia Frontex, organismo encargado de la gestión de fronteras y del control de la migración irregular hacia Europa.