Un exmarine estadounidense, identificado como Benjamin Hanil Song, ha sido condenado este martes a cien años de prisión por el intento de asesinato de un agente de policía. Sus siete cómplices recibieron también penas de prisión de entre 30 y 70 años. Se trata del primer gran juicio impulsado por el Gobierno de Donald Trump contra ciudadanos estadounidenses bajo cargos de terrorismo doméstico en relación directa con Antifa.
Los hechos se remontan a un violento asalto perpetrado en julio de 2025 contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la localidad de Alvarado, situada en el área metropolitana de Dallas, Texas. Lo que los convocantes radicales enmarcaron inicialmente como una protesta pacífica, pronto se reveló como un atentado disfrazado de manifestación. Los acusados lanzaron fuegos artificiales y realizaron pintadas para atraer a los agentes, momento en el que uno de ellos recibió un disparo en el cuello, resultando herido de gravedad.
Las armas empleadas en el ataque fueron adquiridas por el principal acusado, Benjamin Hanil Song. Entre los cargos por los que han sido condenados sus cómplices se encuentra el intento de ocultar a Song tras el tiroteo, lo que demuestra el nivel de planificación de la célula. Este fallo judicial marca un hito en la lucha contra la violencia política de la extrema izquierda en Estados Unidos, ensalzada en películas como Una batalla tras otra, la última ganadora de los Premios Óscar.
Antifa es una amalgama de grupos radicales que ha protagonizado disturbios y ataques contra las fuerzas del orden en todo el país durante los últimos años. Herederos de grupos terroristas como Weather Underground, sus defensores siempre han aludido a su naturaleza descentralizada para intentar evadir responsabilidades por la participación de sus distintas células en actos de violencia terrorista. Tras años de impunidad, una orden firmada por Donald Trump tras el asesinato de Charlie Kirk declaró Antifa como un grupo terrorista al que describió como «una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal». Pese a los intentos de la izquierda de minimizar su estructura, Washington acusa al movimiento de «reclutar, entrenar y radicalizar a jóvenes estadounidenses para que participen en esta violencia».
La defensa de los acusados trató de exculpar a sus clientes argumentando que los cargos formaban parte de una supuesta campaña para criminalizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Sin embargo, el jurado desestimó esta descripción de los hechos que equipara la violencia política con la protesta pacífica. Distintos funcionarios federales elogiaron las sentencias emitidas este martes y reafirmaron su compromiso irrenunciable de desmantelar grupos organizados dedicados a cometer actos de violencia bajo el paraguas ideológico del supuesto antifascismo.