Las autoridades de Estados Unidos han iniciado el desalojo del centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz, una instalación situada en los Everglades de Florida que se hizo conocida por estar rodeada de zonas pantanosas habitadas por caimanes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha justificado la medida por motivos de seguridad ante el inicio de la temporada de huracanes.
La agencia federal ha informado de que los inmigrantes retenidos en el recinto están siendo trasladados a otras instalaciones. «Por la seguridad de los detenidos indocumentados, los trasladamos a otras instalaciones», ha señalado el ICE en un comunicado recogido por Bloomberg.
Según los datos más recientes del organismo, más de 1.300 personas permanecían detenidas en el centro hasta abril, aunque las autoridades no han precisado cuántos han sido trasladados ni a qué destinos.
El cierre de las instalaciones coincide con las declaraciones realizadas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha insistido en que el campamento nunca fue concebido como una infraestructura permanente: «Nunca pensamos convertirlo en una instalación permanente», afirmó el dirigente republicano, que defendió que el centro ha cumplido una función relevante desde su apertura.
DeSantis aseguró además que más de 20.000 inmigrantes detenidos en Florida han pasado por el complejo desde que comenzó a operar en julio, aunque consideró que el incremento de recursos federales destinados a inmigración ha reducido la necesidad de utilizar estas instalaciones.
El denominado Alcatraz de los caimanes fue levantado en apenas ocho días sobre un terreno rodeado por los humedales de los Everglades, una zona caracterizada por la presencia de caimanes, mosquitos y una compleja red de pantanos.
La instalación atrajo una gran atención mediática desde su inauguración. El propio DeSantis acompañó al presidente de Estados Unidos en una visita al recinto poco después de su apertura. Según datos estatales citados por Bloomberg, el funcionamiento del centro tenía un coste aproximado de un millón de dólares al día.
Desde su puesta en marcha, la instalación fue objeto de críticas por parte de inmigrantes retenidos, abogados y organizaciones de defensa de los derechos civiles, que denunciaron las condiciones en las que permanecían los detenidos. Además, distintos colectivos también cuestionaron su impacto ambiental debido a su ubicación en una de las áreas naturales más sensibles de Florida.