Los jueces escucharán los argumentos orales en Trump v. Barbara, el caso que decidirá si el decreto ejecutivo de Donald Trump viola la Decimocuarta Enmienda; el fallo afectaría a millones de familias
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este miércoles 1° de abril los argumentos orales en Trump v. Barbara, el caso que determinará si el decreto ejecutivo firmado por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025 es compatible con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. En juego está la vigencia del principio de ciudadanía por nacimiento (conocido en derecho como jus soli), que garantiza la ciudadanía automática a toda persona nacida en territorio estadounidense. El decreto nunca entró en vigor: múltiples tribunales federales lo bloquearon y todos los juzgados que analizaron el fondo del asunto lo declararon inconstitucional. Se espera una decisión de la Corte para finales de junio o principios de julio.
El precedente más reciente y relevante sobre el alcance de esa cláusula data de 1898: en el caso Wong Kim Ark, la Corte Suprema reconoció la ciudadanía de un hombre nacido en San Francisco de padres de origen chino, con el argumento de que la Enmienda “reafirma la regla antigua y fundamental de la ciudadanía por nacimiento en el territorio”, incluyendo a los hijos de extranjeros residentes.
Las únicas excepciones históricas reconocidas son los hijos de diplomáticos extranjeros y los de ejércitos enemigos en ocupación del país.
El decreto ejecutivo 14.160, firmado el primer día del segundo mandato de Trump, establece que los bebés nacidos en Estados Unidos no tendrán derecho automático a la ciudadanía en dos situaciones:
Los demandantes argumentan, además, que el decreto viola una ley federal de inmigración (el artículo 8 U.S.C. 1401) que codifica la ciudadanía por nacimiento desde 1940 y fue reafirmada por el Congreso en 1952, incorporando la interpretación vigente de la cláusula constitucional.
El gobierno está representado por el procurador general D. John Sauer, quien sostiene que el decreto “restaura el significado original” de la cláusula de ciudadanía. Por los demandantes argumentará Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU.
La demandante que da nombre al caso se llama Barbara, una ciudadana hondureña que usa solo su nombre de pila por temor a represalias contra ella y su familia.
La demanda fue presentada el 27 de junio de 2025 (el mismo día en que la Corte Suprema limitó las órdenes cautelares universales en Trump v. CASA) y el juez de distrito Joseph Laplante emitió una orden cautelar el 10 de julio que bloqueó la aplicación del decreto sobre los bebés afectados por la medida.
Los demandantes advierten que el decreto “proyectaría una sombra sobre la ciudadanía de millones y millones de estadounidenses, retrocediendo generaciones”.
En la práctica, el sistema actual de acreditación de ciudadanía se basa casi exclusivamente en el certificado de nacimiento. Si ese documento deja de ser suficiente, cada familia tendría que demostrar el estatus migratorio de los padres.
Sin ciudadanía automática, los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal perderían acceso a programas como Medicaid y a becas de ayuda financiera federal para la universidad, lo que (según expertos citados por NPR) generaría un efecto de cascada a través de múltiples generaciones.
Los argumentos orales podrán seguirse en vivo desde las 10 a.m. (hora del Este) del 1° de abril a través del sitio oficial de la Corte Suprema: supremecourt.gov/oral_arguments/live.aspx.
Esta es la primera vez que los jueces analizarán directamente la constitucionalidad del decreto.
En la instancia anterior, Trump v. CASA, la Corte (por 6 votos contra 3, en una opinión redactada por la jueza Amy Coney Barrett) se limitó a prohibir a los tribunales inferiores emitir órdenes cautelares universales, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.
La decisión final se espera para antes del cierre del período judicial, entre junio y principios de julio de 2026.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.