El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos ha respaldado este miércoles la normativa impulsada por el Gobierno de Donald Trump que permite la detención de extranjeros a la espera de ser deportados sin concederles el derecho a quedar en libertad bajo fianza. La decisión judicial se une a otra similar del Quinto Circuito y supone un importante espaldarazo a la estrategia migratoria del Ejecutivo estadounidense en su intento por controlar las fronteras y garantizar que las expulsiones se lleven a cabo de forma masiva, pero legal.
Los jueces federales de Minnesota, el lugar donde las protestas contra la política de inmigración han sido más persistentes y violentas, están bajo la jurisdicción del Octavo Circuito y tendrán que respetar esta decisión a partir de ahora. Estos jueces han sido probablemente los más beligerantes del país contra la política migratoria de Trump. Durante lo que llevamos de 2026, habían aceptado alrededor de un millar de peticiones de habeas corpus, paralizando en los juzgados las deportaciones y amenazando a abogados federales con encarcelarles por desacato por no responder a estas peticiones con la rapidez que estimaban conveniente o incluso por delitos tan graves como haber perdido el cordón de un zapato propiedad de un inmigrante detenido.
Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados han dictaminado que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de manera plenamente justificada al someter a estas personas a privación de libertad sin posibilidad de abono de una caución económica para su liberación temporal. En concreto, la sentencia de la corte federal de apelaciones ha revocado el dictamen previo emitido por un tribunal de distrito. Según recoge el fallo, el juez de primera instancia «erró al sostener que el Gobierno no podía detener a Ávila sin fianza (…) y al conceder el recurso de habeas corpus». Con esta modificación, la Justicia estadounidense establece un precedente legal de obligado cumplimiento dentro de su distrito judicial sobre la autoridad del poder ejecutivo para mantener bajo custodia ininterrumpida a quienes aguardan la ejecución de sus expedientes de expulsión del territorio nacional.
A pesar de la victoria para el Gobierno, la decisión no ha estado exenta de debate interno. El juez Ralph Erickson, que fue precisamente nominado por Donald Trump, ha redactado un voto particular en el que muestra su franco desacuerdo con la mayoría del panel. En su argumentación, el magistrado advierte de que el dictamen implica que «Ávila —y millones de personas más— están sujetas a detención obligatoria». Además, ha reprochado a sus compañeros que el tribunal no se base en «una acción reciente del Congreso ni en un cambio en las regulaciones que rigen la detención», sino que recurra a una «interpretación novedosa».
La resolución, no obstante, ha sido recibida con indudable entusiasmo en el seno del Gobierno. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha celebrado públicamente el pronunciamiento, al que ha calificado como una «contundente victoria judicial contra jueces activistas y a favor de la agenda de ley y orden del presidente Trump». Según ha defendido Bondi en sus declaraciones a los medios tras conocerse la sentencia de apelación, «la ley es muy clara, pero los demócratas y los jueces activistas no han querido hacerla cumplir», añadiendo a continuación con suma firmeza que «esta administración sí lo hará».
Pese al entusiasmo del Gobierno Trump, lo cierto es que una mayoría de los jueces federales de primera instancia han aceptado estas peticiones, por lo que previsiblemente esta polémica acabará en el Tribunal Supremo más pronto o más tarde. La mayoría de los jueces federales de primera instancia han fallado en contra de la política del Gobierno de Trump, en práctica unanimidad entre los nombrados por los gobiernos demócratas de Biden, Obama y Clinton y con mayor división de opiniones entre los designados por Trump, Bush padre e hijo y Reagan. De modo que es difícil en este momento predecir qué hará la principal instancia judicial del país.