La escalada violenta desplegada por los agentes de ICE (el Servicio de Control de Inmigraci�n y Aduanas de EEUU) en Minneapolis ha despertado el rechazo general contra las deportaciones de Donald Trump.
Las muertes a tiros a manos de agentes federales de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti han supuesto una nueva fase en la agresiva ofensiva del gobierno contra los inmigrantes repleta de arrestos arbitrarios, hacinamiento en los centros de detenci�n y deportaciones directas sin el debido proceso legal.
La Administraci�n Trump ha otorgado poderes casi ilimitados a los agentes para actuar bajo el anonimato de las m�scaras, de los coches sin matr�cula, armados hasta los dientes y con la protecci�n t�cita de un Departamento de Justicia controlado por el presidente que se resiste a investigar los excesos con transparencia.
Unas t�cticas nunca vistas desde la creaci�n de ICE en 2003 y que muchos comparan con el terror sembrado por polic�a secreta de la Alemania nazi, la Gestapo, que ha levantado las protestas en todo el pa�s. «Lo que estamos viendo es esencialmente una reestructuraci�n de todo el gobierno federal para apoyar esta agenda de deportaci�n masiva», explica Nayna Gupta, directora de pol�ticas del American Immigration Council.
La pregunta ahora es: �C�mo se ha llegado a esa impunidad con el retorno de Trump? Lo primero que ha hecho es «llevar al l�mite» los poderes presidenciales, apunta Gupta, al invocar leyes centenarias como la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, para «ejercer su autoridad por encima de la Constituci�n y los dem�s poderes del gobierno», que en ocasiones ha requerido la intervenci�n de un Tribunal Supremo de mayor�a conservadora.
La divisi�n de ICE surgi� de las cenizas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 sobre Nueva York y Washington. En marzo de 2003, bajo el mandato del republicano George W. Bush, el Congreso aprob� la Ley de Seguridad Nacional para dar respuesta a las nuevas amenazas internacionales y aumentar el control sobre la entrada de extranjeros.
La reestructuraci�n del Departamento de Seguridad Nacional incluy� la creaci�n de la Oficina de Inmigraci�n y Control de Aduanas, ahora conocida como ICE. El Congreso le concedi� la misi�n de hacer cumplir las leyes federales que regulan el control fronterizo, las aduanas, el comercio y la inmigraci�n en colaboraci�n con la Oficina de Aduanas y Protecci�n Fronteriza.
Hasta ahora, ICE ha funcionado bajo el mandato de las leyes y su aplicaci�n final a cargo de los jueces y los tribunales federales. Si alguien era detenido por los agentes de inmigraci�n por haber entrado en EEUU sin papeles, ten�a derecho a un proceso judicial, donde un magistrado ten�a la �ltima palabra.
La agentes federales respetaban las jurisdicciones locales, a�n existentes, que limitan la cooperaci�n de la polic�a local con el ICE, para proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportaci�n. La mayor�a de los arrestos se hac�an con �rdenes administrativas de los tribunales de inmigraci�n, que no autorizan la entrada en domicilios privados.
Bajo el presidente Barack Obama, se priorizaba la deportaci�n de personas con antecedentes penales y de quienes acababan de entrar al pa�s sin autorizaci�n o los considerados una amenaza para la seguridad nacional. Joe Biden repiti� ese esquema e introdujo nuevas normas para acelerar la deportaci�n de solicitantes de asilo con antecedentes penales graves o v�nculos con el terrorismo.
Esto cambi� en enero de 2025 cuando Trump se mud� por segunda vez a la Casa Blanca y decidi� convertir a los agentes de ICE en una especie de ej�rcito personal a la caza del inmigrante sin papeles con delitos penales. El republicano firm� varias �rdenes ejecutivas para levantar ciertas restricciones legales a los agentes como la entrada en domicilios sin una orden judicial, cuya constitucionalidad tendr� que ser revisada por la Corte Suprema.
Pronto se vio que el historial delictivo era solo una excusa y que cualquier persona que tuviera un acento extranjero o un perfil racial determinado estaba expuesto a un encontronazo con la autoridad migratoria.
Para cumplir su promesa de campa�a de deportar a un mill�n de personas al a�o, el republicano duplic� la plantilla de ICE pasando de 10.000 a 22.000 efectivos. En julio de 2025, Trump promulg� la OBBBA, un proyecto de ley que asigna cerca de 170 mil millones de d�lares para el control de la inmigraci�n y la seguridad fronteriza durante los pr�ximos cuatro a�os.
Esto incluye 45 mil millones de d�lares para que ICE ampl�e su capacidad de detenci�n, 30 mil millones para la contrataci�n de nuevos agentes y m�s de 46 mil millones de d�lares para la construcci�n del muro fronterizo.
Tambi�n limit� el n�mero de jueces de inmigraci�n a ochocientos, a pesar de la creciente necesidad y la acumulaci�n de casos pendientes, que ascend�a a casi 3,8 millones en junio de 2025 y firm� varios memorandos para derribar las barreras legales que imped�an a los agentes acceder a las viviendas y arrestar a la gente sin �rdenes judiciales, esquivando la Cuarta Enmienda.
«Todo esto hace que el sistema crezca a una escala completamente diferente», destaca Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista de pol�ticas del Migration Policy Institute. Las ofertas laborales fueron y siguen siendo jugosas. Los sueldos de los agentes de ICE superan los 100.000 d�lares anuales, incluso llegan hasta 135.000 o incluso 200.000 d�lares, seg�n el grado, la ubicaci�n y la experiencia. E incluyen bonos de contrataci�n de hasta 50.000 d�lares.
Se desconoce si algunos de ellos se unieron a las patrullas migratorias. Al frente de la milicia migratoria est� la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, junto a uno de los asesores principales del presidente, Corey Lewandowski, bajo el susurro continuo del verdadero art�fice de la crueldad contra los inmigrantes, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, que fij� un objetivo de 3.000 detenciones diarias. Toda la bancada dem�crata y algunos republicanos han pedido sus renuncias tras el asesinato de Pretti.
Las ciudades dem�cratas han sido hasta ahora el principal objetivo de las redadas a gran escala de las patrullas itinerantes de ICE. La primera fue Los �ngeles cuando en junio, los agentes enmascarados comenzaron a detener a personas en espacios p�blicos, en bloques de apartamentos, en veh�culos y en el trabajo bas�ndose en la apariencia, el idioma o el vecindario.
La agresividad desplegada despert� por primera vez las protestas en la ciudad californiana, y en el resto del pa�s, con enfrentamientos directos con los agentes sofocados por el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional ordenado por Trump. Un juez de distrito prohibi� a ICE utilizar la raza, el idioma, el barrio o el tipo de trabajo como motivos para detener a las personas.
Sin embargo, en septiembre, el Tribunal Supremo, levant� la orden a petici�n de Trump y restaur� la autoridad de ICE para utilizar esos factores en los arrestos. La corte no resolvi� el caso en su integridad, pero dio alas al presidente y a los agentes para continuar con la ofensiva antimigratoria indiscriminada.
La siguiente parada de las patrullas fue Chicago, donde los agentes de ICE aplicaron las mismas t�cticas a cara cubierta, mientras los ciudadanos mejoraban sus t�cnicas de resistencia pac�fica con el uso de silbatos para alertar de su llegada o el bloqueo de los veh�culos de los agentes. La respuesta fue una lluvia de gases lacrim�genos.
Despu�s, se trasladaron a Carolina del Norte, donde la ciudad Charlotte se convirti� en el nuevo objetivo. Al mismo tiempo, los agentes se vieron equipados con nuevos sistemas de reconocimiento facial tanto para detectar inmigrantes sin papeles en cualquier lugar como para comenzar a elaborar un resgistro de los ciudadanos que trataban de impedir las redadas.
Las autoridades locales y estatales se vieron desbordadas por el despliegue anitimigratorio, pero ninguna accedi� a colaborar. Otras s� est�n dispuestas a hacerlo. El ICE de Trump ha firmado m�s de 1.300 acuerdos de ayuda en cuarenta estados, un fuerte aumento respecto a los 135 acuerdos que ten�a en diciembre de 2024.
Antes de llegar a Minnesota, la Administraci�n Trump se ocup� de otro problema, los manifestantes pac�ficos dispuestos a ponerles las cosas dif�ciles a los agentes federales. La fiscal general, Pam Bondi, aprob� una directiva a petici�n del presidente para reescribir las normas y considerar a esa masa indeterminada de ciudadanos que califican de «antifa» como «terroristas dom�sticos» con el objetivo de aumentar la vigilancia y las detenciones sobre los estadounidenses.
El a�o pasado acab� con cerca de 300.000 personas arrestadas por ICE, un 229% m�s que en 2024, de las que m�s de un tercio carec�a de antecedentes penales, seg�n los registros consultados por la prensa estadounidense. Pero los datos son inciertos porque las agencias encargadas de la inmigraci�n han dejado de publicar los n�meros espec�ficos sobre sus operaciones.
Cuando a principios de enero, los agentes de ICE aparecieron en Minneapolis lo hicieron con toda la dureza. «Seg�n la ley actual, creo que tienen la autoridad para hacer lo que hacen», considera Jason Houser, ex jefe de gabinete de ICE con Biden. Pero «la forma en que lo est�n haciendo demuestra que no les importan las consecuencias», a�ade.
Las acusaciones de fuerza excesiva contra manifestantes y detenidos fueron inmediatas, pero la deriva autoritaria se confirm� el 7 de enero cuando un agente dispar� contra Renee Good, una madre de 37 a�os, y los testigos grabaron el suceso desde diferentes planos.
Las im�genes contradijeron la versi�n oficial de la Casa Blanca que aseguraba que la v�ctima trat� de arrollar al agente con su coche. «Tiene inmunidad absoluta», lleg� a decir el vicepresidente, JD Vance, sobre el autor del tiroteo, que sigue sin responder ante la justicia porque el gobierno federal impide la investigaci�n a cargo de las autoriadades locales y estatales.
Diecisiete d�as despu�s, tuvo lugar el asesinato a sangre fr�a del enfermero Pretti cuando intentaba socorrer a una mujer acosada por los agentes. A pesar de intentarlo, ni Trump ni los altos cargos de su administraci�n han podido esta vez contradecir la evidencia de las im�genes, que han multiplicado la respuesta contra la violencia de ICE en las calles del pa�s.
Los ciudadanos han despertado a la realidad de que nadie est� a salvo del a violencia del Estado. Solo un 39% de los estadounidenses aprueban la gesti�n migratoria, frente al 41% que estaba con Trump el mes pasado y al 50% de hace un a�o cuando retorn� a Washington. El 53% de los ciudadanos est�n en contra, seg�n la encuesta publicada el martes por Reuters e Ipsos.
«NADA impedir� que el presidente Trump y este Departamento de Justicia hagan cumplir la ley», insisti� el mi�rcoles Bondi. Varias organizaciones por los derechos civiles han convocado una huelga general en todo el pa�s para el viernes. Ese mismo d�a, el Gobierno podr�an volver a echar el cierre por el rechazo de los dem�cratas a destinar m�s fondos a ICE.
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