Este análisis se publicó originalmente en #LaMarea109, dentro del dossier ‘El mundo según Trump’. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente
Once meses después de la inauguración de Trump 2.0, quizá lo que más impresiona sea la ambición desbocada de su gobierno. De conservador desde luego no tiene nada: desprecia todo lo existente. Desde el primer día, las y los miembros del equipo ministerial de Trump, además de sus asesores más cercanos –Russell Vought, el director de presupuestos, y Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto– se comportan como verdaderos revolucionarios.
Para comprender esta actitud jacobina es importante recordar que se nutre de tres de las principales corrientes ideológicas presentes en el movimiento MAGA: la veta apocalíptica propia de un fundamentalismo protestante que busca acelerar el Día del Juicio Final (la rapture); la veta utópica de los ejecutivos de Silicon Valley que se imaginan un futuro poshumano y posterrenal; y la veta sádica y supremacista, propiamente fascista, en la que predomina el resentimiento hacia las élites «globalistas» (léase marxistas y judías) supuestamente empeñadas en movilizar a las poblaciones de color para destruir y sustituir a la civilización blanca. No queda claro cuánto de todo este ideario comparte el propio presidente ni cuán involucrado está Trump en los detalles del día a día. Partiendo de lo que suele responder a preguntas de la prensa, se desprende que se entera de más bien poco. Para fines prácticos no importa demasiado.
Lo que sí importa es que esta administración ha apostado de lleno por una táctica de tierra quemada. Esto hace que compilar un inventario tentativo de daños sea un ejercicio tan necesario como perturbador.
La política represora e inhumana del gobierno federal norteamericano hacia los inmigrantes –en particular las y los indocumentados– no es nada nueva. De hecho, ha sido una constante desde los años de Bill Clinton y apenas se ha atenuado bajo presidencias demócratas. Aun así, Trump 2.0 ha sabido empeorar una situación ya muy mala. A nivel retórico, es constante la demonización: los inmigrantes son retratados como «escoria de la peor calaña», asesinos, violadores y locos. (En una confusión tan trágica como hilarante, Trump se empeña en confundir a los solicitantes de asilo, asylum seekers, con pacientes de manicomio, insane asylum).
Esta retórica ha servido para justificar medidas mucho más concretas. En términos policiales, se han expandido los poderes, el presupuesto y las filas de las dos agencias federales responsables de vigilar la frontera e implementar las políticas migratorias, ICE y la patrulla fronteriza. Sus métodos de vigilancia y detención son ya directamente dictatoriales, dado que incluyen las desapariciones forzosas a manos de agentes enmascarados que se desplazan en vehículos sin marcar. Aunque los números son difíciles de contrastar, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó en septiembre que, en lo que va de año, entre deportaciones y autodeportaciones, se ha «eliminado» a más de dos millones de inmigrantes ilegales. Mientras tanto, como daño colateral de las redadas masivas de ICE, han sido detenidos y maltratados al menos 170 ciudadanos estadounidenses, como confirmó una investigación independiente del medio ProPublica.
Es importante comprender que el radio de acción de una agencia como la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no se limita de ningún modo a las zonas propiamente fronterizas, porque «la frontera», legalmente, abarca hasta a 100 millas a la redonda de puertos y aeropuertos internacionales, con lo que cubre más de la mitad del territorio nacional. En un documental reciente, Frontera adentro, los cineastas Pamela Yates y Paco de Onís demuestran que, hoy, la frontera está por todas partes: atraviesa y divide a millones de comunidades y familias. Al mismo tiempo, nutre las ganancias cada vez mayores de lo que llaman el Complejo Industrial Fronterizo, cuyo presupuesto combinado se aproxima a los 40.000 millones de dólares por año. Los cientos de centros de detención que ICE tiene en propiedad, alquila o está construyendo por todo el territorio nacional son, además de instrumentos de represión, una mercancía. Si las cuotas mínimas de detenciones que se imponen a las unidades de la policía migratoria sirven a un propósito político, también tienen una función económica: cada cama vacía es una fuente de pérdidas.
Bajo esta presidencia, el patriotismo excepcionalista estadounidense de siempre ha llegado a nuevos paroxismos. Trump ha intensificado su campaña, iniciada durante su primer mandato, en favor de una historia «patriótica» que inspire unidad y orgullo, intentando intervenir, con éxito desigual, en la enseñanza, los museos, las agencias estatales, los parques nacionales y el calendario de días festivos. En todos estos casos el patrón es el mismo: censurar relatos críticos e históricamente rigurosos, o que tengan protagonistas no blancos o no masculinos, a favor de otros relatos ramplonamente celebratorios con una base factual más bien tenue. Así, este mes de octubre Trump sacó una proclamación en que renombraba el 12-O (que Biden tildó de Día de los Pueblos Indígenas) como Día de Colón. La proclamación describió al navegante genovés enviado por los Reyes Católicos españoles como «el héroe estadounidense original» que «allanó el camino para el triunfo definitivo de la civilización occidental… el 4 de julio de 1776». (¿Cómo reaccionaría Trump si se enterara del Día de la Hispanidad?).
Tanto en su política migratoria como en su satanización de toda oposición (sea en su propio partido, de la izquierda o del extranjero) como «extremista», «peligrosa», «terrorista» y «antiamericana», el gobierno de Trump ha violado de forma sistemática numerosos derechos constitucionales y socavado el Estado de derecho. Las dos enmiendas más zarandeadas son la Primera (que regula la libertad de expresión) y la Quinta (que protege contra las detenciones arbitrarias). Por otra parte, Trump viola casi diariamente la independencia de su fiscal general, Pam Bondi, instándola a que instrumentalice su departamento para perseguir a los enemigos personales del presidente, incluidos a republicanos prominentes como James Comey (exdirector del FBI) o John Bolton (que tuvo varias funciones clave en el primer gobierno de Trump). En términos más generales, el Gobierno ha aprovechado el asesinato de Charlie Kirk para asociar la violencia política con el «extremismo» de izquierdas, «Antifa», fundaciones como las de George Soros o la Ford, y el terrorismo.
Este último eslabón de la cadena asociativa es crucial porque, según la legislación adoptada a la zaga del 11 de septiembre de 2001, la asociación –directa o indirecta– con organizaciones identificadas como terroristas conlleva la suspensión automática de toda una serie de derechos y protecciones constitucionales. Siguiendo el modelo adoptado con respecto al genocidio palestino en Gaza (toda crítica a Israel es una expresión antisemita y de apoyo a Hamás, una organización terrorista), el último memorándum de seguridad nacional (NSPM-7) busca tildar una larga de serie de ideas progresistas de terroristas, es decir, tan peligrosas que quien las expresa infringe la ley.
Concretamente, el NSPM-7 apunta a «campañas sofisticadas y organizadas» y «conspiraciones criminales y terroristas» como causas de un «incremento dramático de la violencia política» de izquierdas; exige que las fuerzas del orden investiguen sus «estructuras, redes, entidades, organizaciones y fuentes de financiación»; y afirma que este patrón de actividades violentas y terroristas se unifica «bajo el paraguas autodenominado del “antifascismo”». «Los hilos comunes que animan esta conducta violenta –agrega– incluyen el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; el apoyo al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en torno a la migración, la raza y el género; y la hostilidad hacia quienes mantienen las visiones tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moralidad».
La supresión de libertades mediante la coartada del terrorismo es solo uno de los dos frentes que ha desplegado el Gobierno para controlar la esfera pública. El otro afecta más directamente a los medios. Desde enero, estos se han visto sometidos a varias formas de presión e intimidación.
Ha habido millonarios juicios por difamación a las cadenas televisivas ABC y CBS y a los diarios Wall Street Journal y New York Times. También hemos visto chantajes que instrumentalizan los intereses económicos de las empresas mediáticas, como los que motivaron la suspensión o cancelación de los programas de cómicos como Stephen Colbert y Jimmy Kimmel. El Gobierno también ha intentado condicionar el acceso de la prensa a recursos e información gubernamentales a cambio de un mayor control (léase censura), intento que acabó por fracasar con las y los corresponsales que cubren el Departamento de Defensa.
Los ataques a las universidades, tanto privadas como públicas, han sido múltiples y variados, desde la práctica abolición del Departamento de Educación –fuente central de becas y préstamos para estudiantes universitarios– hasta los cortes repentinos de sistemas de financiación regulados por ley.
Es más, la financiación federal de becas y proyectos de investigación se ha convertido expresamente en instrumento de chantaje para destruir la autonomía universitaria, socavar la libertad de cátedra y –según afirman los arquitectos de estas medidas– liberar los más de 4.000 centros de educación superior del país del control de una «extrema izquierda» que lleva dominándolos desde, al menos, la década de 1960. Ese control se manifestaría, entre otras cosas, en un sistema de selectividad que discrimina sistemáticamente a estudiantes blancos bien preparados en favor de minorías menos capaces, y en una demonización y marginalización, en las clases, los planes de estudio y la esfera pública universitaria, de ideas conservadoras y toda persona que las exprese.
El sofisticado sistema de equilibrios y contrapesos (checks and balances) que el alumnado de los institutos aprende a admirar como la base de la mejor democracia del mundo ha resultado bastante menos resistente de lo esperado. Así, por ejemplo, el gobierno de Trump ha socavado el propio sistema federal, violando la soberanía de los estados al enviar a unidades del Ejército (no solo los reservistas de la Guardia Nacional sino también a los marines, una fuerza expedicionaria de élite) a «restaurar el orden» o «asistir a agentes federales» en estados y ciudades gobernados por líderes del Partido Demócrata.
La rama legislativa de la trias politica, el Congreso, con ambas cámaras controladas por el Partido Republicano, no solo ha seguido ciegamente a Trump, sino que ha dejado que la rama ejecutiva pise una y otra vez sus funciones constitucionales –incluido su poder presupuestario–. La rama judicial ha resistido mejor, sobre todo el sistema de jueces federales, aunque la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores, se ha cuidado mucho de contrariar al presidente. Entre sus decisiones más escandalosas ha estado la de permitir que los agentes federales de ICE invoquen el aspecto físico de la persona, y el idioma que habla, para considerarla sospechosa de violar alguna norma migratoria. En otras palabras, la Corte ha permitido que el racismo institucional se cuele por la puerta de atrás.
Por otra parte, la Corte tampoco ha querido poner demasiado freno a los intentos por parte de Trump y los suyos de destruir la neutralidad de agencias regulatorias, de arbitraje o de salud pública, desde la Reserva Federal bancaria (la «Fed») hasta la Junta de Relaciones Laborales (NLRB) y el Centro de Control de Enfermedades (CDC).
Mientras estoy redactando esto, la Corte parece inclinarse a cargarse una provisión de ley electoral que prohíbe rediseñar los distritos electorales para diluir el voto de las minorías raciales o étnicas. Si se levantara esa prohibición, nada le impediría al Partido Republicano manipular el mapa electoral para asegurar una mayoría cuasi permanente en la Cámara de Representantes.
De momento, hay estados que están trabajando en leyes que puedan frenar estas maniobras. California, por ejemplo, aprobó la Proposición 50, una iniciativa impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom que tiene como objetivo neutralizar la redistribución partidista promovida por estados republicanos (y trumpistas) como Texas. La proposición devuelve al Congreso estatal la capacidad de definir los distritos durante cinco años, hasta el próximo censo; así evitará que las elecciones legislativas de medio término de 2026 se decidan mediante un gerrymandering controlado por el Partido Republicano.
Este breve inventario es necesariamente incompleto. Entre las áreas que no he mencionado está la economía –no solo el daño infligido por la errática política arancelaria, sino también los intentos por socavar las estructuras y los derechos sindicales, sobre todo de los funcionarios–, el derecho internacional –con la destrucción de barcos en el Caribe como botón de muestra–, la imposición de políticas regresivas a las Fuerzas Armadas –que ha expulsado a la mayoría de las personas trans, negándoles el derecho a la jubilación anticipada con pensión– o el hecho de que el gobierno de Trump haya abierto las puertas de la Casa Blanca de par en par a la corrupción, aceptando regalos millonarios de regímenes extranjeros, encauzando los recursos de la Casa Blanca hacia fines partidistas y de campaña, chantajeando a empresas mediáticas y bufetes legales e intercambiando favores legislativos y regulatorios a cambio de donaciones millonarias.
A pesar de que muchas de las políticas de Trump en EE.UU. no han sido bien recibidas y han socavado su popularidad, han hallado imitadores en Europa. En el parlamento de Países Bajos, la mayoría derechista (menguada tras el triunfo liberal-progresista en las elecciones del 29 de octubre) aprobó una moción que identificaba «Antifa» como una organización terrorista. Aunque fue un gesto puramente simbólico (tanto los expertos en inteligencia como el Gobierno en funciones respondieron que no hay organización llamada así y que, además, la ultraderecha representa una amenaza más seria), ha habido miembros del Europarlamento que abogaban por seguir el modelo holandés.
De forma similar, se ha venido intensificando la retórica y la política antiinmigrantes. En Reino Unido, el gobierno laborista de Keir Starmer ha promovido una ley masiva de seguridad fronteriza (Border Security, Asylum and Immigration Bill) que criminalizaría a los inmigrantes y solicitantes de asilo y a cualquier persona que les preste ayuda, al mismo tiempo que expande el poder del aparato policial.
Retóricamente, son cada vez más los políticos de centroderecha y centroizquierda que adoptan marcos ultraderechistas. En varios países europeos, los partidos del centro ya hablan de la necesidad de políticas de «remigración», un término íntimamente asociado con la Teoría del Gran Reemplazo. En enero, el entonces primer ministro francés François Bayrou dijo que la inmigración producía una «sensación de sumersión», tomando prestada una metáfora ultraderechista.
La restricción de derechos constitucionales en Europa no se limita a los inmigrantes y las personas y organizaciones asociadas, ni tampoco a los países con gobiernos más abiertamente autoritarios, como Hungría. Ya en julio de 2024, Amnistía Internacional afirmaba que «los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente». Por otra parte, en septiembre de 2025, el propio Consejo de Europa señaló que «el recurso a la ley para restringir la libertad de expresión es un problema cada vez más grave» y que «desde 2019 se ha producido un fuerte aumento de las detenciones y encarcelamientos de periodistas».
Uno de los casos más flagrantes ha sido el de Alemania, cuyo Gobierno e instituciones culturales se han empeñado en censurar, si no criminalizar, cualquier crítica al Estado de Israel y cualquier defensa del pueblo palestino –no solo en protestas y manifestaciones públicas sino también en espacios universitarios y culturales–. Así como en Estados Unidos, personas críticas con Israel han acabado detenidas y deportadas.
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